En diálogo con FM VIÑA, Alba Nicolau, presidenta de la Asociación de Protección Integral a las Personas con Discapacidad (APID), expresó la profunda preocupación del sector frente a la crítica situación económica e institucional que enfrentan las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Durante su intervención, Nicolau se mostró esperanzada tras haber entregado una nota formal al Concejo Deliberante en la última Sesión Ordinaria donde se abordó la problemática.
“Nos hemos ido muy esperanzados”, afirmó Nicolau, quien detalló que junto a un grupo de padres se hicieron presentes para explicar la gravedad de la situación y solicitar el tratamiento urgente de la ley de emergencia. “Cada vez es más imposible sostener las instituciones. Esta ley es fundamental para poder sobrevivir”, subrayó.
La dirigente explicó que los problemas que enfrentan no son nuevos: “Esto no es de este gobierno ni del anterior, es de hace muchos años. Falta conciencia de que las personas con discapacidad son ciudadanos con derechos y capacidades que deben ser apoyadas desde el nacimiento”.
APID, que lleva más de 40 años trabajando en el departamento, enfrenta actualmente serias dificultades financieras debido a la falta de actualización del nomenclador nacional desde noviembre de 2024, lo que afecta directamente los aranceles de los centros de día y del transporte. “Nos pagan el kilómetro a $541,76, cuando el precio del combustible es más del doble”, ejemplificó Nicolau.
La situación también impacta en los sueldos del personal profesional y auxiliar, que dependen de lo que las mutuales abonan —en muchos casos, con meses de retraso— y de lo que las instituciones pueden pagar. “Tenemos profesionales de lujo que siguen trabajando por respeto a las personas con discapacidad, pero muchos se han ido porque no pueden seguir luchando por su sustento”, lamentó.
Nicolau destacó que la prestación por persona es abonada por las mutuales, además de contar con un subsidio municipal anual y el aporte de socios con una cuota mínima mensual. Aun así, los recursos no alcanzan para cubrir los gastos que implica mantener el edificio, los servicios y todas las habilitaciones exigidas por los distintos organismos de control.
En este contexto, la presidenta de APID subrayó la urgencia de que se trate y apruebe la ley de emergencia que ingresará al Senado provincial el próximo 4 de junio. “Todas las instituciones de Mendoza están en la misma situación. Y es algo que se replica en todo el país”, advirtió.
Por último, Nicolau llamó a la comunidad a colaborar haciéndose socios o generando espacios de inclusión real. “No queremos asistencialismo. Queremos que nuestros jóvenes puedan ir a un café, al cine, a bailar, pagar su entrada y vivir su vida con dignidad. Son personas capaces de aportar mucho a la sociedad”.
La asociación espera que el compromiso político y el acompañamiento social permitan superar este momento crítico. “Hoy nos sentimos escuchados y acompañados. Esperamos que esta ayuda continúe y se traduzca en soluciones concretas”, concluyó.
