El EPRE abrió el proceso que definirá las condiciones del servicio para los próximos cinco años, con foco en inversiones, innovación, calidad y eficiencia.
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza inició el proceso de revisión tarifaria correspondiente al período 2028-2033, que determinará las condiciones de prestación del servicio eléctrico durante el séptimo período tarifario. El procedimiento comenzó con 22 meses de anticipación y contempla el análisis de las inversiones, la infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y los estándares de calidad del servicio.
El titular del EPRE, Cristian Azar, explicó que las 11 distribuidoras eléctricas de la provincia deberán presentar sus previsiones de acuerdo con los parámetros establecidos por el organismo. “El foco sea tanto en inversión, en infraestructura, en innovación, en nuevas tecnologías, como en cómo todo esto redunda en una mejor calidad de servicio para los usuarios y por ende también en un menor costo para los usuarios”, señaló.
Etapas del proceso
El proceso comenzó con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. A partir de ahora, las distribuidoras deberán presentar la documentación requerida, que será analizada por el EPRE para verificar que cumpla con criterios técnicos y que permita mantener una metodología homogénea y trazable. Posteriormente, habrá una instancia de revisión con las empresas y una audiencia pública antes de la definición final. El nuevo período tarifario comenzará, de acuerdo con el cronograma previsto, el 1 de agosto de 2028.
Azar explicó que el adelanto del procedimiento responde tanto a las exigencias normativas como a la necesidad de generar previsibilidad para todos los actores. “Lo hacemos con 22 meses de anticipación, primero porque la normativa lo establece así y porque es la forma de darle previsibilidad, trazabilidad y transparencia a todas las tomas de decisiones”, afirmó.
Beneficios y evaluación de nuevas tecnologías
Uno de los objetivos planteados por el EPRE es que las inversiones y las nuevas tecnologías no se traduzcan únicamente en una modernización del sistema, sino que también generen beneficios concretos para los usuarios. “El beneficio para los usuarios tiene que ser en calidad, en calidad tanto de servicio como de producto, y en menores costos”, sostuvo Azar.
En ese sentido, explicó que el organismo evaluará especialmente la relación entre las nuevas tecnologías y los costos de prestación. No toda innovación será incorporada automáticamente, ya que deberá demostrar que puede mejorar la eficiencia del sistema sin generar un incremento innecesario de los costos. “Hay un montón de tecnologías que muchas veces son muy atractivas, pero a lo mejor todavía no son económicamente viables”, explicó. Y agregó: “Implementar tecnologías que por su novedad todavía son muy caras, no es un beneficio para el sistema y nosotros siempre tenemos que priorizar al usuario y a los costos eficientes”.
Energía solar y electromovilidad
La generación de energía a partir de fuentes solares también forma parte de este escenario. Azar indicó que Mendoza contempla la generación distribuida, el almacenamiento energético y la gestión de la demanda dentro de su planificación. Actualmente, la provincia impulsa la instalación de paneles solares fotovoltaicos en viviendas mediante un programa que contempla un reintegro de hasta el 40 % de la inversión.
El presidente del EPRE también destacó la evolución de las baterías para almacenar energía, una tecnología que podría adquirir mayor presencia a medida que disminuyan sus costos. Según explicó, su utilización podría extenderse progresivamente desde determinados usuarios industriales y comerciales hasta otros sectores. A este proceso se suma el avance de la electromovilidad. Azar señaló que los vehículos eléctricos pueden ser considerados también como sistemas de almacenamiento, dado que cuentan con baterías que permanecen conectadas a la dinámica de consumo de los usuarios.
“Todas estas variables hacen que la gestión de la demanda se modifique, entendemos nosotros positivamente, a tener muchas más alternativas y muchas más herramientas para gestionar mejor y más eficientemente la energía”, indicó. El proceso de revisión tarifaria será obligatorio para las 11 distribuidoras de Mendoza y seguirá distintas etapas hasta su implementación en 2028. Antes de la definición final se realizará una audiencia pública, con el objetivo de garantizar la participación y transparencia del procedimiento.
Azar remarcó que el objetivo central del nuevo período será priorizar las inversiones y la innovación, pero siempre teniendo como principio rector la calidad del servicio y un costo razonable para los usuarios.
