Mauricio Marín, presidente de la específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de San Rafael, ha expresado su preocupación por el retraso y las dificultades en la implementación del sistema de lucha antigranizo en el sur de Mendoza.
“El presupuesto oficial para esta temporada era de 2.590 millones de pesos, pero las ofertas de las empresas están en el orden de los 4.000 millones”, explicó Marín. La diferencia de más de 1.500 millones ha generado un dilema para el comité a cargo de la licitación, compuesto por representantes de la Cámara de Comercio y otras entidades locales. Marín reconoció que el presupuesto inicial probablemente fue subestimado. “El comité lo conformamos tres personas que no tenemos la expertise de una empresa aeronáutica. No realizamos nosotros ese presupuesto de 2.590 millones”, sostuvo.
Además, el Ministerio de la Producción, según Marín, estuvo a cargo de coordinar el presupuesto en base a reuniones con los municipios. Sin embargo, el cálculo parece haber sido insuficiente ante la realidad del mercado y los costos operativos que enfrentan las empresas privadas. “A veces, los montos que maneja el Ministerio parecen fluctuar sin una correlación clara. Escuchamos cifras de hasta 17 millones de dólares que luego se reducen”, añadió Marín, resaltando la falta de un sistema de evaluación de costos unificado y preciso.
Una de las principales inquietudes entre los productores y la ciudadanía en general es cuándo comenzará a funcionar el sistema antigranizo, ya que la temporada de tormentas está en plena actividad. Al respecto, Marín mencionó que, a pesar de las negociaciones, se estima que el servicio podría estar operativo recién a partir del 11 de diciembre. “El tiempo pasa, las tormentas siguen llegando, y los productores ya están sufriendo daños severos. El viernes mismo hubo gente que perdió todo”, lamentó. Según Marín, la falta de previsión es un problema recurrente. “Estamos hablando de pérdidas importantes y de daños que afectan no solo a los productores, sino también a los hogares y comercios de la región”, señaló.
Ante la diferencia de presupuesto, se les solicitó a las empresas oferentes que mejoraran sus propuestas económicas. “El viernes, una de las empresas propuso una reducción de apenas el 4% y pico de su oferta original, mientras que la otra hizo una mejora en una de las opciones más económicas”, explicó Marín, refiriéndose al proceso de negociación que podría continuar durante los próximos días. Sin embargo, el dirigente agrícola advirtió que la solución no es sencilla ni inmediata, dado que también deben cumplirse requisitos legales y procedimientos de adjudicación al tratarse de fondos públicos.
El retraso en la implementación del sistema también tiene raíces en decisiones gubernamentales. Marín apuntó que el Ejecutivo Provincial decidió de forma unilateral cambiar el esquema de contratación que estaba vigente hasta hace pocos meses, dejando a AEMSA, la empresa que venía operando, sin el contrato. “Esto podría haberse programado para la próxima temporada, permitiendo un proceso más ordenado y participativo”, criticó Marín.
Uno de los aspectos más discutidos es el financiamiento del sistema antigranizo. Originalmente, los municipios de San Rafael y General Alvear habían propuesto un esquema de aportes a través de las facturas de electricidad, con la intención de recaudar los 2.590 millones de pesos. Sin embargo, ahora, ante el aumento en las ofertas, esa suma resulta insuficiente. “Si la propuesta va en ese sentido, el aporte de los vecinos y de la provincia es insuficiente”, advirtió Marín, señalando que deberán buscarse fuentes adicionales de recursos. Sin embargo, aclaró que cargar más costos sobre la población no debería ser la solución: “No creo que ese sea el camino, no debería serlo”.
El sistema de mitigación contra el granizo que busca implementar el gobierno cuenta con dos empresas principales interesadas: WMI (Weather Modification) y Aerotec. La propuesta de WMI incluye la posible contratación de pilotos y técnicos extranjeros, lo que ha generado críticas. Según Marín, el proceso de selección de empresas está en análisis y, aunque ambas cumplen con los requisitos, aún falta revisar los informes técnicos y otros detalles operativos. Mencionó la dificultad de tomar decisiones rápidas debido a las normativas y procedimientos para la contratación de servicios con fondos públicos: “Estamos en una situación donde tenemos que definir quién se hará cargo de la operación, y dentro de ese proceso hay todo un procedimiento legal que respetar”.
Finalmente, Marín remarcó la importancia de aprender de esta situación para no repetir errores en el futuro. “Lo que buscamos es evitar que el próximo año enfrentemos una situación similar. Esto debería haberse planificado con tiempo y recursos suficientes”, concluyó, reiterando la necesidad de un compromiso más fuerte del gobierno para implementar un sistema antigranizo eficiente y sostenible a largo plazo.
