La Asamblea del Pueblo de Alvear ha emitido un fuerte comunicado dirigido a los «vecinos y vecinas» del departamento, encendiendo las alarmas ante votaciones cruciales que se darían en la Legislatura Provincial el próximo miércoles 26 de noviembre.
Las asambleas socioambientales temen que los legisladores aprueben proyectos que afectarían irreversiblemente los recursos hídricos de la región.
La preocupación central se focaliza en dos puntos de agenda legislativa:
- Ratificación de la explotación de cobre (Cu) en Uspallata, a través del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que, según la Asamblea, afectará directamente a la cuenca del Río Mendoza.
- Aprobación de la exploración del Distrito Minero Occidental Malargüe, que pone en riesgo los caudales y la calidad de los importantes ríos Atuel y Grande.
El Futuro del Agua y la Producción Regional
El comunicado de la Asamblea enfatiza las graves consecuencias que estas medidas tendrían para el sur mendocino. Cuestionan el futuro de actividades económicas vitales como la agricultura, la ganadería, el turismo y las actividades recreativas ligadas a las orillas del Río Atuel.
La organización cita además datos alarmantes del Departamento General de Irrigación, que proyectan una fuerte disminución del caudal de los ríos. Para el año 2050, el Atuel podría perder hasta un 20% de su volumen, lo que elevaría el déficit hídrico al 34% de la demanda, poniendo en jaque la superficie cultivada actual en los oasis.
Ante este panorama, la Asamblea interpela a las autoridades departamentales (Intendente y HCD) a asumir una postura clara y pregunta directamente a la ciudadanía: «¿A favor de quiénes votarán nuestros diputados el próximo 26 de noviembre?»
En paralelo, se ha convocado a una gran movilización provincial bajo el nombre de «Mendozazo por el Agua», que tendrá lugar el mismo miércoles 26 de noviembre a las 9:30 horas frente a la Legislatura de Mendoza.
El mensaje de la convocatoria es dramático y directo: «El tiempo se acabó. Vienen por el agua, los glaciares y nuestras montañas», buscando replicar la masiva protesta social que obligó al gobierno provincial a derogar modificaciones a la Ley 7722, que protege el agua de la provincia.
