El diputado Gustavo Villegas (UCR) pidió presentarse como “amicus curiae” en el juicio que la provincia de La Pampa le inició a Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel.

Villegas viajó a la Capital Federal junto al intendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien realizó el mismo trámite por la Municipalidad de ese departamento. Cabe recordar que la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza actuaron en el mismo sentido.

En tanto, Villegas argumentó su presentación en que “la legitimación para presentarme como amigo del tribunal surge no solo de mi condición de diputado por la provincia de Mendoza, sino del conocimiento particular de la cuestión debatida en estos obrados, que se convierte en el interés particular de miles de habitantes del sur mendocino que supeditan su futuro y el de generaciones venideras a las resultas de lo que en definitiva resolverá esta Corte Suprema con su elevado criterio.

Que el conocimiento particular sobre los intereses que represento se acredita con la publicación de un libro de mi autoría llamado “Lamentos del Río Atuel” que refleja una problemática de nuestro Río Atuel poco más que preocupante”.

Además, sostiene: “Asimismo mi actividad como diputado provincial está reconocida y direccionada casi con exclusividad a la resolución del conflicto con la vecina provincia de La Pampa, conflicto que me llevó a participar en el COIRCO (comisión interjurisdiccional del Río Colorado), junto a nuestro gobernador y demás funcionarios provinciales, con la participación también de La Pampa, por lo que me encuentro suficientemente legitimado a mi participación como Amicus Curiae en la presente causa”.

Por otro lado, aclara que “mi parte no obtiene beneficio patrimonial alguno de la presente participación ni ha recibido financiamiento o ayuda económica alguna ni asesoramiento técnico para esta presentación”.

El escrito concluye con que “esta Corte a través de su arbitrio generará un interés que trascenderá a las partes y se proyectará sobre la comunidad de más de 150.000 personas, que viven de manera directa de la actividad agrícola, motor de las economías regionales que imperan por los departamentos del sur de Mendoza, por lo que solicito que en el momento de sentenciar, tenga por admitidos estos argumentos y que los mismos sean de suficiente ilustración para el tribunal”.