Tras los allanamientos y detenciones de 5 personas realizados la semana pasada por orden del Juzgado Federal a cargo de Eduardo Puigdéngolas, este lunes comenzó la ronda de indagatorias a otros 7 involucrados, en este caso imputados pero no detenidos.
El médico Francisco Navarro (63 años) fue el primero en presentarse al llamado judicial, aunque se abstuvo de declarar. A este profesional lo señalan como quien cobraba por conseguir clientes.
El martes fue el turno de familiares de «mamá Norma» ya que fueron citados su esposo Ernesto Ochoa y su hija Carla Ochoa, ambos abogados.
Para este miércoles está prevista la testimonial de Antonia Bravo, empleada pública de 50 años y del psiquiatra Damián Fernández Bianchi (37) quien se desempeña en el área de Salud Mental del Schestakow y cuya firma estaría en los exámenes realizados a quienes eran captados para el negocio.
El día jueves deberán presentarse dos traumatólogos, Javier Hernández (46) y Sergio Pascuttini. A ambos les allanaron los consultorios en el Schestakow y la Policlínica San Rafael además de sus domicilios particulares.
El viernes pasado -cuando se realizaron los operativos- fueron detenidas Silvina Villar (53), Claudia Bustos (49) y Sonia Rodríguez (54) además de Norma Bravo. Las dos últimas trabajan en el Schestakow.
Por todo este escándalo, además de las actuaciones judiciales, las autoridades del principal hospital sanrafaelino iniciaron una investigación interna para determinar las responsabilidades del personal -administrativo y profesional- involucrado en estas supuestas estafas.
Cómo se cree que funcionaba la organización
En la investigación, los pesquisas determinaron que cuatro mujeres, empleadas del Hospital Schestakow, de San Rafael, eran quienes hacían certificados médicos donde luego colocaban la firma del profesional para que fueran oficiales.
Al mismo tiempo, otra parte de la banda se encargaba de buscar personas desocupadas que no recibieran ningún beneficio, y de esa manera los convencían para hacerles el trámite de pensión por discapacidad a cambio de cobrarles un porcentaje de esos ingresos.
Los efectivos de la Federal hicieron 11 allanamientos en diferentes zonas de San Rafael, donde capturaron a cinco mujeres y tres hombres. Algunas de estas personas han recuperado la libertad pero siguen vinculadas con la causa.
