La Legislatura de Mendoza ha dado un paso importante en la búsqueda de una mayor transparencia y eficiencia en la administración pública.
Con la aprobación de dos proyectos de ley impulsados por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, se habilitan sanciones para los funcionarios provinciales que no respondan a los reclamos ciudadanos en los plazos legales, poniendo fin a la impunidad en las demoras de expedientes.
Magistretti explicó que estas nuevas normativas buscan equilibrar la relación de completo desequilibrio entre el ciudadano y el Estado. »El problema radica en que, a menudo, no se identificaba a los funcionarios responsables de las demoras, impidiendo la aplicación de sanciones», comenzó indicando el senador.
»El primer proyecto de ley, ya sancionado en el Senado y a la espera de promulgación y publicación, modifica la Ley 3918 (Código Procesal Administrativo). Esta reforma permite que la Suprema Corte de Justicia, al momento de admitir un recurso de denegación tácita (cuando un ciudadano no obtiene respuesta del Estado), identifique al funcionario o sector de la administración pública que incumplió con sus deberes. Esto abre la puerta a la aplicación de sanciones», expuso el entrevistado.
»El segundo proyecto, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados y que ya contaba con media sanción del Senado, se relaciona con los amparos por mora. Modifica el inciso 3° del artículo 219 de la Ley de Procedimientos Administrativos (9003). El objetivo común de ambas leyes es identificar plenamente quién es el que cajoneó los expedientes, para que los responsables asuman las consecuencias», amplió la información.
Sanciones y beneficios para ciudadanos y el propio Estado
El senador destacó que estas leyes traerán múltiples beneficios. ‘‘En primer lugar, se busca terminar con la impunidad de los funcionarios al permitir que sean identificados y sancionados. Las sanciones contempladas incluyen la responsabilidad por las costas judiciales en los amparos, lo que significa que el funcionario negligente podría tener que pagar de su propio bolsillo los costos de los juicios iniciados por su demora. Además, se podrán iniciar los sumarios administrativos correspondientes para aplicar otras sanciones disciplinarias o económica», subrayó Magistretti.
»Esta medida es ejemplificadora y obligará a los funcionarios a poner mayor empeño en contestar en sus inicios los reclamos que los ciudadanos hacen. Esto, a su vez, redundará en un beneficio directo para el ciudadano al agilizar sus trámites», agregó.
Otro aspecto crucial de la iniciativa es el corte del derroche de los fondos públicos. »Lamentablemente, hasta ahora, el Estado asumía las costas de los juicios por demoras. Estamos frente a un Estado bobo, que paga y paga. Al identificar a los funcionarios responsables, se busca que asuman esa carga, generando un incentivo adicional para el cumplimiento de sus funciones», destacó el referente del Partido Demócrata.
Alcance general y estadísticas
Magistretti confirmó que el ámbito de aplicación de estas nuevas leyes es de alcance general, abarcando no solo a los funcionarios del gobierno provincial sino también a los de los municipios. »Esto significa que los ciudadanos que tengan trámites demorados en las comunas también podrán recurrir a esta herramienta legal», afirmó.
Finalmente, el senador fundamentó la necesidad de estas leyes con datos preocupantes. »En 2024, hubo más de 150 sentencias por amparos por mora y unas 200 por acciones procesales administrativas, de las cuales 50 fueron por denegación tácita, todas con costas a cargo del Estado. En lo que va de 2025, hasta abril, se registraron 30 sentencias por amparos por mora y 40 por acciones procesales administrativas, con 10 de estas últimas por denegación tácita. Estas cifras demuestran la magnitud del problema de la inacción estatal y la necesidad de responsabilizar a quienes la provocan», sentenció el autor de los proyectos.
