La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone la creación de un registro provincial, establece responsabilidades solidarias y un régimen de sanciones, además de incorporar avances tecnológicos y humanos en la prestación de estos servicios.
El pasado martes, el Senado de Mendoza aprobó por mayoría de votos el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que regula la actividad de seguridad y vigilancia privada en la provincia. La iniciativa establece que toda prestación de servicios y actividad de seguridad privada humana, interna y tecnológica en Mendoza deberá regirse bajo esta nueva normativa.
En diálogo con FM VIÑAS, el senador por el 4° Distrito Walther Marcolini explicó que “este proyecto modifica la Ley 6.441 sancionada en el año1997, dándole un nuevo marco a la seguridad privada en la provincia”. Hoy el sector ha crecido de manera importante, contando con 150 empresas registradas y más de 10.000 vigiladores, “evolucionó la metodología de trabajo y la tecnología implementada, por lo que era necesario generar un nuevo control”.
En este contexto, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó que esta nueva normativa marca tres áreas: humana, interna y tecnológica. “La primera abarca la vigilancia privada, custodia de personas y mercaderías, seguridad en eventos y locales nocturnos, entre otros. La seguridad privada interna regula los servicios prestados por personal contratado directamente por empresas o particulares, mientras que la seguridad tecnológica incluye la instalación y mantenimiento de alarmas y sistemas de videovigilancia”.
“Es una normada moderna y completa que se adecua al sistema de seguridad de la provincia”, destacó Marcolini. El desarrollo poblacional, los eventos deportivos y espectáculos privados han contribuido al crecimiento e innovación de la seguridad privada en Mendoza. Este proyecto marca un hito en la regulación de la seguridad privada en la provincia, al establecer un marco legal actualizado que responde a las nuevas realidades del sector.
OTROS TEMAS LEGISLATIVOS
Código de Aguas.
Se trata del proyecto impulsado por el Departamento General de Irrigación, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo Provincia, el cual ha causado gran conmoción en el sector productivo de Mendoza y sus actores. Si bien el DGI esperaba tratar el proyecto en la Legislatura antes de que culmine el año 2024, la falta que consenso podría retrasar el tratado y pasarlo para el próximo año.
“Me parece que esta sería una medida muy sana y prudente porque hay temas esenciales y claves que requieren de verdadero consenso”, expresó el Senador, manifestando que “el proyecto tenía objeciones importantes en todo el territorio provincial que se han ido escuchado y lo ideal sería que, una vez que se cumpla el plazo para proponer cambios (15 de octubre de 2024), los redactores tomen la opinión de los actores involucrados para lograr un proyecto consensuado y con mayor respaldo”.
Veto a la Ley de Financiamiento Universitario
En la jornada del jueves, el Sr. Presidente Javier Milei logró aprobar, por mayoría, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde hace meses, la posibilidad de vetar la Ley originó dos marchas federales protagonizadas por estudiantes argentinos, no argentinos y agrupaciones políticas.
Previo al inicio de la sesión que culminó con el veto, Walther Marcolini sostuvo que “el gobierno de Javier Milei ha desfinanciado, desde diciembre, la educación; pero esto no significa que no haya habido muchas universidades que se crearon en el último año que fueron usadas políticamente”. Así mismo, remarcó que “no se puede meter a todas la universidades en la misma bolsa, pero es importante que comiencen a regular el gasto”.
Finalmente, el Exintendente de General Alvear hizo énfasis en que “lo único que garantiza que un país pueda avanzar, desarrollarse y contribuir al crecimiento de una sociedad es la educación pública y de calidad”.
