Las estadísticas conocidas recientemente sobre intentos de suicidio en Mendoza no pueden quedar reducidas a una publicación vinculada con una fecha conmemorativa.
El dato es contundente: más del 15% de los intentos de suicidio registrados en Mendoza correspondió a personas residentes en San Rafael. Si se suman General Alvear y Malargüe, el Sur mendocino concentró el 35,5% de las notificaciones provinciales. Es decir, más de uno de cada tres episodios tuvo lugar entre habitantes de esta región.
Es necesario aclarar que se trata de cantidades absolutas de notificaciones y no de tasas calculadas de acuerdo con la población de cada departamento. También debe considerarse que pueden existir casos que no ingresan a los registros sanitarios. Sin embargo, ninguna de estas precisiones disminuye la gravedad de los números ni la obligación de actuar.
El suicidio y las conductas suicidas constituyen una problemática compleja, atravesada por múltiples factores. No responden a una causa única ni pueden explicarse mediante simplificaciones. Pueden afectar a personas de diferentes edades, profesiones y condiciones sociales. Por eso, tampoco existe una respuesta aislada capaz de resolverlas.
Aunque se trata de una problemática que alcanza a toda la sociedad, el informe provincial muestra una especial incidencia entre los más jóvenes. El grupo de 15 a 19 años reunió el 24,23% de las notificaciones de 2025 y volvió a ser el segmento con mayor cantidad de episodios. Además, las personas de entre 10 y 19 años concentraron el 60% de los casos en los que existió más de una notificación.
Estos datos colocan a adolescentes, familias y comunidades educativas en un lugar central, pero sería un error trasladar toda la responsabilidad a las escuelas. Los establecimientos educativos pueden detectar cambios de conducta, activar protocolos y facilitar acompañamiento, pero necesitan equipos interdisciplinarios, capacitación y una red sanitaria capaz de responder rápidamente. Detectar una señal pierde eficacia si después no existe un turno cercano, continuidad terapéutica o seguimiento profesional.
De las campañas a una política permanente
La prevención no puede limitarse a mensajes difundidos cada 10 de septiembre. Es indispensable avanzar hacia una política pública sostenida durante todo el año, con presupuesto, profesionales suficientes, presencia territorial y mecanismos que permitan evaluar resultados.
En San Rafael, la magnitud de las cifras requiere fortalecer los servicios de salud mental tanto en hospitales como en centros de salud de barrios y distritos. La distancia, la falta de transporte o las dificultades económicas no deberían transformarse en barreras para recibir atención. Una persona que pide ayuda necesita una respuesta accesible y oportuna, no una sucesión de derivaciones o largas esperas.
También resulta fundamental contar con dispositivos específicos para niños y adolescentes, atención durante las crisis y seguimiento posterior. El acompañamiento no termina cuando la urgencia inmediata ha sido superada. La continuidad del tratamiento y el trabajo con el entorno cercano son componentes esenciales para disminuir el riesgo de nuevos episodios.
La respuesta debe incluir, además, programas de capacitación para docentes, entrenadores, dirigentes de clubes, personal municipal, fuerzas de seguridad y referentes comunitarios. No para convertirlos en profesionales de la salud, sino para que puedan reconocer señales de alarma, escuchar sin juzgar y saber cómo activar la asistencia adecuada.
Los espacios laborales tampoco pueden permanecer ajenos. Las crisis económicas, el endeudamiento, la pérdida de empleo, la soledad, las situaciones de violencia, los consumos problemáticos y el agotamiento emocional pueden formar parte de contextos de gran vulnerabilidad. Empresas, sindicatos, colegios profesionales e instituciones públicas deberían incorporar herramientas de orientación y acompañamiento.
Información para decidir y prevenir
El registro de los casos representa un avance porque permite dimensionar una realidad que muchas veces permanece silenciada. Pero la información debe transformarse en decisiones. San Rafael necesita conocer con mayor precisión dónde se concentran las notificaciones, qué edades y contextos presentan mayor vulnerabilidad, cuánto demora el acceso a la atención y qué ocurre después de cada intervención.
Ese seguimiento debe realizarse protegiendo estrictamente la identidad y la intimidad de las personas. El objetivo no es estigmatizar barrios, escuelas ni grupos sociales, sino dirigir recursos hacia los lugares donde resulten más necesarios.
También es indispensable comunicar responsablemente. Hablar sobre suicidio no significa promoverlo: significa hacerlo sin sensacionalismo, sin describir métodos, sin buscar explicaciones lineales y brindando siempre información de ayuda. El silencio no protege; una conversación respetuosa y acompañada puede abrir una puerta para pedir asistencia.
Las cifras conocidas constituyen una advertencia que San Rafael no debe naturalizar. Detrás de cada notificación hay una persona que atravesó una situación extrema, una familia afectada y una comunidad que debe preguntarse qué herramientas ofreció y cuáles siguen faltando.
La prevención exige algo más que voluntad y mensajes bienintencionados. Requiere profesionales, guardias preparadas, atención territorial, seguimiento, capacitación, articulación institucional y recursos verificables. En definitiva, exige pasar de la preocupación a los hechos.
