El Ministerio de Seguridad informó que la Policía de Mendoza detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, vinculados a las amenazas de muerte contra el gobernador Rodolfo Suarez, luego de la aprobación de la modificación de la ley 7.722.
Las personas arrestadas, indicaron desde la cartera que conduce Raúl Levrino, son oriundas de Valle de Uco (3) y General Alvear (1), zonas donde se registraron los mayores reclamos por la modificación de la normativa.
Desde Seguridad trascendió que luego de filtrarse el celular personal de Suarez, a su Whatsapp “llovieron” cientos y cientos de mensajes, algunos de ellos con gravísimas amenazas, las que se agravaron por la investidura del Jefe de Estado provincial.
Una imagen de una bala y frases como “te vamos a caer a tu casa” o “un tiro en la cabeza te hace falta”, fueron algunos de los mensajes que Suarez recibió en su teléfono. Además, se difundió también el audio de una llamada que hizo el activista ambiental Esteban Servat, en el que le reclama por el proyecto que aprobó la Legislatura.
En virtud de lo anterior, con los números de celulares registrados en el Whatsapp del Gobernador, la División de Delitos Informáticos trabajó para determinar a quién pertenecían y ubicar a sus dueños. Así, durante el sábado, se realizaron en simultáneo tres allanamientos, dos en Valle de Uco y otro en Alvear, donde fueron detenidas las personas que habrían vertido las amenazas contra Suarez.
Los ataques escritos no solamente afectaron a Suarez, también tuvieron como destinatarios a legisladores que votaron a favor de la reforma de la ley 7.722. El viernes, durante el tratamiento del proyecto, en redes sociales se filtraron los contactos personales de diputados y senadores, quienes luego recibieron llamadas y mensajes intimidantes. En algunos casos, las amenazas también iban destinadas a familiares.
La aprobación de la reforma que permite el desarrollo de la megaminería en Mendoza generó un profundo malestar en un amplio sector de la sociedad.
Esta semana será clave, ya que ambientalistas apuestan a presentarse en la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada el viernes.
