La ministra de Energía, Jimena Latorre; y el director de Minería, Jerónimo Shantal; expondrán ante comisiones de diputados la reforma al proyecto. Qué piensan los partidos políticos.
a Legislatura pondrá primera marcha este martes con el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros, que fue presentado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de “mejorar y agilizar” el proceso legal de la actividad; así como también “mejorar” los controles ambientales, según indicaron.
A partir de las 12 la ministra de Energía, Jimena Latorre; y el director de Minería, Jerónimo Shantal, asistirán a las reuniones de comisiones para explicar el proyecto, aunque se espera que se explayen también sobre los resultados de la gira a Toronto (Canadá), donde participaron de la feria minera más importante a nivel internacional.
También habrá expectativa respecto a la futura creación de “Malargüe Distrito Minero”, una ambiciosa propuesta del gobernador Alfredo Cornejo para crear una suerte de gran Declaración de Impacto Ambiental sobre 20.000 km2 en la comuna sureña, que abarcaría a unos 200 permisos mineros.
Desde el radicalismo, el presidente de la comisión de LAC, Franco Ambrosini, sostuvo que ven la reforma al Código “con muchísimo entusiasmo, porque la idea es actualizar una legislación que es de los los años 40, cuando la situación micro y macroeconómica eran otras, como así también la matriz productiva”.
“El Código está impulsando un cambio para Mendoza. Garantiza un desarrollo minero responsable, integrando controles ambientales estrictos y respetando la emblemática ley 7722″, acotó.
También sostuvo que con este nuevo código, si se aprueba, “Mendoza se encamina hacia un futuro donde la actividad minera pueda aportar al desarrollo económico, sin dejar de lado la protección de nuestros recursos naturales”.
Y añadió que los nuevos puntos “agregan muchísima transparencia y un marco para el desarrollo económico. Este código asegura publicidad y participación ciudadana, garantizando que la minería trabaje para la gente”.
Ambrosini finalizó al sostener que la eventual aprobación del proyecto “será un paso adelante en la promoción de prácticas mineras seguras y sostenibles. Asegura el cumplimiento de la ley 7722, protegiendo nuestros recursos hídricos y promoviendo una Mendoza más verde y próspero”.
AVANZAR EN EL CÓDIGO
La cita de este martes contemplará la participación de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), así como también la de Economía, Energía, Minería e Industria. Se espera también que se invite a senadores, teniendo en cuenta que habrá visita de los funcionarios del Ejecutivo, y será un puntapié para comenzar con la discusión en la Casa de las Leyes.
Si bien hay algunas voces en contra, el Gobierno confía en encontrar el apoyo de la oposición, sobre todo del peronismo, teniendo en cuenta que el principal “beneficiado” sería principalmente Malargüe, que administra el peronista Celso Jaque, quien en estos días abrió sesiones en el Concejo Deliberante y puso énfasis en la necesidad de reactivar la explotación minera en la comuna.
En tanto, también están seguros de recibir parte del aval de La Unión Mendocina (LUM), teniendo en cuenta que hay posturas divididas de acuerdo a la explotación minera; y hay más dudas que certezas con el Partido Verde, que ha levantado también un buen número de puntos con signos de interrogación.
RECHAZO DE GRUPOS AMBIENTALISTAS
Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se declararon “en estado de alerta y movilización, ante el nuevo embate extractivista impulsado por el Gobierno Provincial”.
Para las Asamblea “esta iniciativa se encuentra en estrecha sintonía con las políticas nacionales de desmantelamiento de la legislación ambiental vigente, y del llamado a los gobernadores a la firma del denominado Pacto de Mayo, cuyo punto número 6 señala la necesidad de avanzar en la explotación de los recursos naturales de las provincias”.
Para los organismos, se intenta con la reforma “concentrar todo el poder en manos del Director de Minería, suprimiendo un órgano colegiado como el Consejo Minero y estableciendo al primero como única autoridad de aplicación del nuevo Código”, entre otras críticas.
