Por orden de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza el Municipio debe reincorporar a la empleada municipal Patricia Corvalán, quien ocupaba el cargo de Directora del Jardincito “Estrellitas de Colores”, a raíz de una cesantía administrativa legítima. Además de abonar los honorarios de los abogados e indemnización de la docente.
El Bloque Justicialista se pronunció respecto al tema a través de los ediles Gustavo Vendramín y Javier García.
Gustavo Vendramin, concejal por el PJ, comentó: “Cuando nos enteramos manifestamos que el obrar del ejecutivo había sido antijurídico y se violaban los derechos de la trabajadora. Llegamos a esta sentencia la semana pasada, donde la Corte le da la razón a la empleada y ratifica la posición que habíamos tomado en nuestro bloque del PJ de reincorporarla y el mal accionar del Municipio por actuar contra derecho. Esperemos que la Municipalidad y el Ejecutivo ordene los procesos administrativos en contra de los empleados”.
En los próximos días se estará tomando la decisión administrativa y llevándose a cabo la reinserción de la empleada a sus labores municipales. “Estas cosas son en las que tenemos que tener muchos cuidado. Muchas veces desde el Bloque hablábamos de mantener una posición ordenada y responsable. Cuando la gente escucha que uno como oposición se limite a decisiones del Intendente tiene que ver con tratar de evitar que el pueblo pague por las malas decisiones”, expresó Javier García, edil justicialista.
“Cuando uno toma decisiones arbitrarias le generan gastos a la Comuna sume a una persecución política e ideológica generadas por un lamentable capricho”, apuntó García, quien explicó que “hay que pagar el juicio obedeciendo a honorarios de abogados e indemnización de la docente”.
Vendramin aseveró que hay dos análisis para hacer respecto al tema, desde lo jurídico: “Nos sorprende que parte del inter bloque Cambiemos haya avalado esta posición sabiendo que era seguro que la Corte iba a revocar el decreto del Intendente de cesantía y condenar al municipio” y desde el punto de vista político “nos sorprende mucho que oportunamente se cesanteara a Patricia Corvalán, reconocida militante del PJ, por causas bastantes oscuras desde lo administrativo. Apelamos a la prudencia y criterio del Intendente que evite estas maniobras de persecución para con empleadas que cumplen con su deber”.
“En su momento se charló y parte de unos argumentos del edil Sebastián Martínez Barón que manifestaba que ante juicios probablemente perdidos por la Comuna ante un capricho o toma de decisión imprudente por parte de un funcionario municipal debería avalar las costas del juicio el propio bolsillo del funcionario y no que los alvearenses tengan que correr con los gastos de una mala decisión. Se deberá charlar y analizar desde lo político qué ha sucedido en este caso y tomar las decisiones correspondientes”.
“Cundo el Tribunal de Cuentas impone una multa es al funcionario que debe responder con su patrimonio en relación a esa multa. De la misma manera cuando las decisiones son arbitrarias entiendo que también debería estar resguardado por el patrimonio del funcionario”, concluyó Javier García.
