El Congreso sancionó la Ley 27.805 que indica que las personas que tengan armas de fuego sin registrar que regularicen su situación en un plazo de 360 días ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en una norma que fue promulgada el pasado 10 de junio.
Según se argumentó, la medida busca fortalecer el control estatal sobre el armamento particular y estimular la participación en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Además, prorroga la vigencia de este programa hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de reducir la cantidad de armas fuera del circuito legal y promover la entrega anónima y segura.
Para acceder a la regularización, las personas deberán presentarse voluntariamente ante la ANMAC dentro del plazo previsto por la ley. Allí podrán declarar el arma de fuego o los repuestos principales que se encuentren en situación irregular. El proceso incluye verificaciones técnicas y administrativas, y solo si se superan estos controles se inscribirán los datos del material y del titular en el Banco Nacional Informatizado de Datos.
Según el informe publicado este jueves en el Boletín Oficial, el artículo 1° señaló: “Las personas humanas que tuvieren armas de fuego clasificadas de conformidad con la normativa vigente como de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’, o sus repuestos principales, que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los 360 días de la entrada en vigencia de la presente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad, con el fin de obtener la autorización pertinente, si procediera. Cumplidas las verificaciones técnicas y registrales correspondientes, se inscribirán los datos del material denunciado y de su poseedor en el Banco Nacional Informatizado de Datos de dicho organismo”.
“Si las personas comprendidas en el párrafo primero del presente carecieran de la condición de legítimo usuario de armas de fuego en la categoría respectiva deberán iniciar el trámite presentando la solicitud junto con la autorización de tenencia del material correspondiente. Si se encontraren impedimentos registrales y/o técnicos graves, se instarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para hacerse del material involucrado”, añadió.
En tanto, en el artículo 2° se indicó: “La Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá informar sin excepción y previo al inicio de la solicitud respectiva los peligros referentes a la tenencia de armas de fuego y las modalidades vigentes para su entrega voluntaria y anónima en los términos del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Será también facultad de la misma dictar las normas técnico-registrales necesarias para establecer las modalidades y límites de la ejecución de la operatoria establecida por el artículo 1º de la presente ley, las que deberán considerar solamente con fines estadísticos, la expresión de las causas o circunstancias que motivaran la posesión de hecho. La misma deberá llevar a cabo una intensa campaña de difusión, a los efectos de informar a la población en general sobre los alcances de esta ley”.
“ A los fines de los artículos 1º y 2º de la presente, quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’ previstas en el artículo 189 bis del Código Penal de la Nación Argentina.
La exención operará a partir de la efectiva puesta en conocimiento voluntaria de la posesión de las armas de fuego o sus repuestos principales, con los límites del artículo 1º de la presente y siempre que no se hubiere imputado judicialmente, al momento de su efectiva regularización, su eventual tenencia ilegal.
Idéntico criterio se adoptará en relación con las faltas administrativas correspondientes a la tenencia”, sostuvo el informe que añadió que la presente ley entrará en vigencia a los 30 días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial.
