La propuesta impulsada por el Superintendente General del Departamento General de Irrigación -y enviada por el Poder Ejecutivo- establece que tanto su sueldo, como el de los funcionarios que lo acompañan deben estar por debajo del sueldo del Gobernador.
Durante la décimo primer sesión, el Senado de Mendoza dio media sanción a una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que busca que se modifique la Ley de remuneraciones Nº 5811 y de la Ley de Nº 8.727. Esta última misma establece que ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, superior a la remuneración que perciba al cargo de Gobernador de la Provincia.
La propuesta fue aprobada por 32 votos afirmativos mientras que el senador Lautaro Jiménez del FIT se abstuvo de votar y su par de Protectora, Marcelo Romano votó en contra.
Fue el senador Juan Carlos Jaliff quien explicó el tratamiento que se le dio a la propuesta enviada por el Ejecutivo y elaborada por el propio Superintendente General de Irrigación.
Durante el debate el legislador Lautaro Jiménez explicó que se abstendría de votar la iniciativa. En tanto, el senador Marcelo Romano votó en contra de la propuesta y presentó una extensa crítica.
Por su parte, el legislador Alejandro Abraham habló que es necesario hablar en algún momento sobre el salario de otros funcionarios como el caso de miembros del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.
EL EJE DE LA DISCUSIÓN
El proyecto tiene como base una petición formal del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli -realizada el 1 de julio de 2019- en razón de haber evaluado el impacto que generan los incrementos de la masa salarial comprometida en paritarias y la cláusula gatillo, como así también el porcentaje del gasto que significa los sueldos de los funcionarios del Departamento General de Irrigación.
Ello, sin perjuicio de la autonomía Departamento General de Irrigación consagrada por la Constitución de Mendoza.
Dicha petición obedece a que si bien están exceptuados de la actual Ley de Sueldos, el Superintendente General de Irrigación considera que es necesario darle transparencia a la determinación de la remuneración de los funcionarios de Irrigación a través de una Ley.
