La Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y amplía la intervención penal a adolescentes desde los 14 años, comenzó a regir en todo el territorio nacional.
La normativa busca reemplazar el sistema establecido por la antigua Ley 22.278 y establece principios específicos para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
En diálogo con FM VIÑAS, el juez penal de menores, Sergio Gonzalez, habló sobre la nueva legislación que fue sancionada en marzo y su entrada en vigencia fue prorrogada durante 180 días: ‘ese plazo resultó insuficiente para concretar todas las adecuaciones necesarias, especialmente en materia de infraestructura y recursos’, agregó.
Uno de los principales cambios es que los adolescentes de 14 años en adelante pueden quedar alcanzados por el sistema penal juvenil: ‘la normativa establece que las consecuencias jurídicas deben ser diferentes a las previstas para los adultos y pone el foco en principios como la legalidad, plazo razonable y la finalidad educativa de resocialización e integración social’, destacó.
En este sentido, se busca dejar atrás el denominado sistema tutelar, vigente desde la dictadura mediante la Ley 22.278, en el cual los jueces contaban con amplias facultades para disponer medidas sobre jóvenes considerados en situación irregular.
La reforma también responde a compromisos asumidos por Argentina a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y a distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia, que señalaron la necesidad de establecer un sistema penal diferenciado para adolescentes.
Actualmente, General Alvear cuenta con una oficina de UPANA (Unidad de Prevención de Niños, Niñas y Adolescentes), pero sus instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para mantener a una persona privada de libertad preventivamente.
Ante esta situación, representantes de la Fiscalía, Defensoría y Juzgado Penal Juvenil mantuvieron una reunión con el secretario de Gobierno municipal para plantear la necesidad de realizar obras de adecuación en las instalaciones de UPANA: ‘esta propuesta contempla la construcción o reforma de dependencias que permitan disponer, al menos, de dos espacios de seguridad destinados a adolescentes detenidos, separados de las personas adultas’, estableció ya que estos lugares deberían contar con las condiciones de seguridad necesarias, incluyendo puertas y rejas que permitan la supervisión y eviten que puedan ser abiertas desde el interior.
Desde la Justicia Penal Juvenil remarcan que estas medidas no necesariamente deben ser entendidas como penas, sino como herramientas de contención, responsabilización y reparación, incluyendo mecanismos similares a la mediación entre el joven y la víctima.
Otro punto planteado durante el análisis de la nueva legislación es la incidencia real de los adolescentes en el delito: ‘los delitos cometidos por menores representarían alrededor del 2,5% del total de los hechos delictivos registrados en Argentina, mientras que el 97,5% correspondería a personas mayores de edad’, concluyó Sergio González.
