Se está por aplicar el Código Procesal Penal (sancionado en 1999) para que los fiscales se encarguen exclusivamente de investigar los delitos, y los jueces controlen que no se violen los derechos y garantías de los acusados y autoricen los allanamientos. Ahora, los jueces investigan y controlan a la vez, mientras que los fiscales acompañan.
Hay intensas dudas en los tribunales, ya que plantean que el presupuesto y el personal es insuficiente para la movida, que hay poco tiempo para concursar y designar nuevos funcionarios y que se podrían incorporar empleados sin experiencia.
Así, en el departamento se armará un esquema con dos fiscalías penales y un magistrado de garantías, en San Rafael se crearán siete fiscalías de instrucción (hay cuatro fiscales, se necesitarán tres más) y quedarán sólo dos jueces de garantías; y en Malargüe se montará desde cero un juzgado de garantías y una fiscalía de instrucción, ya que hasta ahora los delitos cometidos allí se investigan judicialmente desde San Rafael.
Todo esto se quiere tener en funcionamiento en abril, según anunció en diciembre el subsecretario de Justicia, Marcelo D’agostino.
En lo que respecta a los jueces, su cambio de atribuciones no implicará grandes dificultades y se encargará la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El mayor trabajo está en la creación de las fiscalías y le corresponde a la Procuración General (el jefe de los fiscales) asignar oficinas, personal y presupuesto. Para el juez Jorge Yapur, miembro de la Segunda Cámara del Crimen de San Rafael, «es muy cerca abril, estamos finalizando febrero y hay que hacer un montón de nombramientos, cargos y tomar exámenes».
Este magistrado es uno de los encargados de tomar exámenes a los futuros funcionarios y uno de los pocos que se anima a expresar públicamente lo que se habla en los pasillos de Tribunales: «hay concursos del Consejo de la Magistratura que están previstos para marzo, de manera que dudo mucho que estén cubiertos todos los cargos en abril».
Ayudantes fiscales y presupuesto
También se crearán 20 cargos de ayudantes fiscales, que actuarán en las comisarías del Sur y no podrán vivir a más de 30 kilómetros de ellas para estar a disposición las 24 horas en forma activa o pasiva. Su preparación es otra de las dudas que se plantean.
Yapur criticó que sólo se les pida seis meses de antigüedad en el título de abogado. «Eso para mí está mal, porque estamos hablando de gente sin experiencia. Poner esa gente en la primera trinchera después de cometido el delito es bastante arriesgado».
Otro punto débil de la reforma es el presupuesto asignado: $17 millones. En 2016 un grupo de jueces calculó un mínimo de $55 millones por año. «Esto se maneja desde el norte y muchas veces desde el sur estamos esperando recursos. A veces sentimos que somos como ciudadanos de segunda. Esperemos que esa situación se revierta y provean de personal adecuado en cantidad y preparación», manifestó.
Un tribunal más para evitar retrasos en juicios
Temen también que con la reforma las causas se acumulen en las dos Cámaras del Crimen y extiendan el tiempo para que un caso llegue a juicio (actualmente de seis meses a un año).
Es que se pasará de cuatro jueces de instrucción elevando causas, a diez fiscales en todo el Sur.
Fuente: Diario Uno San Rafael
JT
