Un proyecto de ley para crear el programa Primero el Trabajo Mendocino, fue presentado este mediodía en la Legislatura por su autor junto a representantes de numerosas pymes locales con las cuales fue ideado en conjunto.
El objetivo de la propuesta es “priorizar por parte del Estado provincial y sectores privados prestadores, licenciatarios, concesionarios y permisionarios de obras y de servicios públicos, la compra de materiales, mercaderías y productos, y contratación de obras y servicios de origen provincial”, según rezan sus fundamentos.
Fue por eso que en el acto de hoy estuvieron –además del legislador justicialista– representantes de las numerosas organizaciones nucleadas en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), como Rubén Palau, Enrique Tarditti, Gabriel Bravo, Luis Contiglioni (de la Cámara de Fabricantes de Soda, Derivados y Afines) y Fernando Amín (de la Universidad Tecnológica Nacional), además de Gustavo Correa, secretario general en Mendoza de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Asimismo, a través de la Apyme, la iniciativa recibió las adhesiones expresas de representantes del sector metalmecánico, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Parque de Servicios Industriales Palmira (PASIP), la Regional Cuyo de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), la Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros (Camespe), el Banco Credicoop, la Cámara de Comercio de San Martín y la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos de Gas y Afines (CAPEC).
Además adhirieron al proyecto de ley el diputado nacional Guillermo Carmona, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado provincial Lucas Ilardo y la concejala electa de Luján de Cuyo Paloma Scalco. También habían manifestado su apoyo la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena) y la Asociación de Panaderos de Mendoza, entre otros sectores vinculados a las pymes mendocinas.
El senador Gustavo Arenas destacó en los fundamentos de su medida que el objetivo es neutralizar el estado de emergencia económico-financiera que desde hace casi dos años padecen las pymes debido a “una política económica que solo favorece a sectores concentrados locales y multinacionales” en detrimento de ese importante sector productivo local, cuyo impacto se dimensiona cabalmente al considerar que es el generador de la mayoría de los empleos en nuestro país y particularmente en Mendoza.
Este desalentador panorama es reflejado en un diagnóstico relevado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), ámbito que continúa denunciando el riesgo de desaparición de su actividad y que por eso ha requerido la intervención urgente de la Legislatura de Mendoza como interlocutora válida ante el avasallante avance de las perjudiciales medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en correlato con la Provincia.
En este sentido, como un requisito indispensable, la propuesta del legislador justicialista incluso prevé que las entidades beneficiadas con esta medida no podrán despedir ni suspender empleados sin justa causa ni reducir la jornada laboral.
Por su parte, Palau remarcó: “Esta ley ayudaría notablemente a nuestro sector frente a la baja que hay en un mercado interno que está totalmente deteriorado, dado que el Estado, ya sean reparticiones e intendencias y demás, es uno de los mayores compradores en el orden provincial. Levantaría las ventas, ya que el efecto Chile y los problemas impositivos, tributarios y financieros, entre otros, nos están deteriorando totalmente”.
Al brindar el marco en el que se da esta alarmante situación, el funcionario de la Apyme resaltó: “Este panorama se viene acrecentando desde una caída muy grande que tuvimos en el 2016. Y quiero aclarar que estos ‘brotes verdes’ en la economía de los que están diciendo que están saliendo son todos basados en estadísticas del 2016. En este sentido, hay un efecto rebote que se está dando a nivel nacional, pero comparado con el 2016, que fue el año de mayor crisis que hubo en los últimos 12 o 15 años para las ventas a nivel nacional”.
“En definitiva –se explayó–, se trata de brotes verdes que a las pymes no les van a llegar porque se están haciendo meras licitaciones públicas con la construcción y nada más. Esto es un maquillaje de la ciudad y de distintos lugares, pero nada de obras de infraestructura, como para decir que se está trabajando. Obviamente, las pymes vemos pasar de largo todo esto, ya que el mercado interno se ha deteriorado totalmente por la baja de un consumo que sigue cayendo notablemente”.
Contenidos del proyecto
El proyecto de ley presentado tiende a crear “el programa Primero el Trabajo Mendocino, por el cual la Administración Pública provincial, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas y descentralizadas; las empresas del Estado provincial y aquellas en la que este tenga participación accionaria mayoritaria, las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, deberán adquirir materiales, mercaderías y productos, y contratar obras y servicios de origen provincial”.
Aclara que esta modalidad debe ser seguida siempre y cuando “se configuren similares condiciones en cuanto a calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia” y que “los materiales, mercaderías y productos se considerarán de origen provincial cuando sean producidos u obtenidos en la provincia de Mendoza o cuando los costos de los componentes utilizados para su producción que no sean de origen provincial no superen el 20% de su valor de producción”.
Detalla, asimismo, que “se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los materiales, mercaderías y productos de origen provincial siempre y cuando la diferencia de precios cotizada no supere en un 5% a la más baja de los materiales, mercaderías y productos que no sean de origen provincial, de igual o similar calidad”.
“Cuando los oferentes sean micro o pequeñas empresas de la provincia de Mendoza –dicta–, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º siempre que la diferencia de precios cotizada no supere en un 15% a la más baja de los materiales, mercaderías y productos que no sean de origen provincial, de igual o similar calidad”.
En cuanto a las condiciones establecidas para que las pymes puedan acceder a este trato preferencial, el proyecto de ley establece que “los oferentes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado, debiendo cumplimentar los requisitos que determine la reglamentación y que les permitan acreditar fehacientemente su lugar de radicación y procedencia de los materiales, mercaderías y productos”.
La iniciativa del senador Gustavo Arenas también remarca que la misma norma en proyecto, una vez aprobada, “deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo”.
Prohibición de despidos y suspensiones
Incluso determina que los beneficios otorgados por la ley “serán acumulables a los establecidos en otros regímenes jurídicos” y que, para acceder a ellos, “los oferentes deberán abstenerse de efectuar despidos o suspensiones de sus trabajadores, sin justa causa, ni reducción de jornada laboral de los mismos, durante todo el período de vigencia de la ley”.
Al respecto, grafica que la norma “tendrá un plazo de vigencia de dos años a partir de su promulgación, prorrogable por igual período, de mantenerse o agravarse las causas que le dieron origen”. Posteriormente invita a los municipios a que adhieran a su aplicación y manda que el Poder Ejecutivo la reglamente “en el término de 60 días a partir de su promulgación”.
Fundamentos de la iniciativa
Entre los fundamentos del proyecto de ley, su autor resalta: “Durante los últimos años, periódicamente, la Federación Económica de Mendoza (FEM) ha publicado sucesivos informes que han evidenciado la continua y preocupante caída de las de las ventas en Mendoza, medición en la cual nuestra provincia supera al promedio nacional informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para todo el país”.
“Dentro de las causas –prosigue– se denunciaba la caída del poder adquisitivo de los consumidores, quienes se limitan a comprar lo estrictamente necesario, en razón de encontrarse sobreendeudados, y el importante aumento de los costos en la actividad (tarifas, sueldos, servicios y otros). Idéntico diagnóstico hacía la Fundación Observatorio Pyme (FOP) en sus informes trimestrales, denunciando la contracción del nivel de actividad de las pequeñas empresas”.
