Días atrás, el gobierno nacional decidió el cierre de 136 registros del automotor en diversas partes del país y ha anulado la apertura de nuevas dependencias, según lo establecido en la Resolución 209/2024 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial.
Antes de esta medida, en Argentina operaban alrededor de 1.600 Registros de la Propiedad del Automotor. La intención del Ejecutivo es reducir un 40% la cantidad de sedes. Por esta razón, también se ha cancelado la apertura de nuevas oficinas en varias provincias, incluida Mendoza.
En cuanto a la derivación de las funciones vacantes, se aclaró que la competencia y las tareas de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor suprimidos serán asumidas por otros Registros Seccionales competentes designados para tal fin.
Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, confirmó que se dejó en suspenso la apertura la dependencia de motovehículos que iba a ubicarse en Godoy Cruz, destinada a reforzar el Gran Mendoza que solo cuenta con dos registros, el A y el B. «La resolución que dictaminó el Ministerio de Justicia apunta a anular la apertura de nuevas sedes de Registros de la Propiedad del Automotor. Con ello se cancela la apertura de la oficina en el departamento de Godoy Cruz, la cual era sumamente necesaria, ya que las dependencias de motovehículos en el Gran Mendoza están colapsadas. Esta misma situación se replica en el resto del país», advirtió al principio de la nota Hugo Méndez.
«En lo que refiere a los turnos para esa clase de vehículos hay una demora mínima de 20 días. La persona que vende una moto precisa que sea transferida en el acto. Esta medida va en contra de los intereses de la ciudadanía. El gobierno nacional sostiene en su relato la idea de achicar los gastos con el objetivo de optimizar la eficiencia del Estado, pero esto no modifica nada la realidad. Solamente va a dilatar más el tiempo que lleva hacer cada uno de los trámites. Dicen que han cerrado 136 registros, sin embargo, a nosotros eso no nos consta. Por otra parte, un cierre implica un pase de los legajos a otro registro. No se podría hacer la transferencia del vehículo», agregó.
Después de esta aclaración, aseguró que se deben adoptar algunas medidas serias que tengan como meta abaratar el costo de los trámites «Que lo trámites sean más baratos es una decisión de las provincias y Nación. Se podría trabajar sobre el tema de las valuaciones de los autos, porque este procedimiento pasa a ser un impuesto cuando debería ser un arancel. De todos modos, hay que tener cuidado con que al buscar agilizar un trámite no se ponga en riesgo la seguridad a la hora de hacer las transacciones comerciales», advirtió Méndez.
«Argentina no está desarrollada ni económicamente ni culturalmente como para adoptar un sistema del primer mundo. La mentalidad latina es totalmente diferente a la norteamericana. Esto quedó demostrado el otro día con la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Se puede aplicar otro sistema, pero tiene que estar adaptado a nuestra idiosincrasia. Si uno no se mira al espejo y no entiende de qué está hecho nunca va a poder solucionar los problemas internos. La idea de simplificar y abaratar los costos está perfecta, pero no se deben flexibilizar los controles. Detrás de una transferencia o una transacción comercial se puede esconder un delito, como el robo de automotores o de adulteración de la documentación. Esa es la función del registro, verificar que todo esté en orden y dentro del marco legal», destacó.
En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Milei por impulsar el desfinanciamiento de los Registros de la Propiedad del Automotor. «Las dependencias están recibiendo la misma cantidad de dinero que en octubre del 2023. Esto restringe el normal desempeño de cada una de las oficinas. Quieren que colapse el sistema. Si se quiere mejorar verdaderamente la atención se debería trabajar con proyectos alternativos que sean impulsados por gente idónea», argumentó el tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza.
«Hasta ahora todo sigue igual, nada ha cambiado. Con todos los adelantos tecnológicos que existen en la actualidad no puede ser que no exista una base de datos que entrecruce la información entre las provincias y permita conocer rápidamente si el vehículo tiene deuda o no. Por eso, se tiene que llegar al límite de trabar la transferencia si el titular no la paga. La idiosincrasia del argentino es evadir impuestos. De hecho, en Mendoza rige un convenio entre ATM y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor», completó.
