Los beneficios del vino para la salud, la base agraria de la actividad, la amplitud territorial, el aporte tributario del sector, el peso de sus mercados interno y externo son algunos de los argumentos que esgrime la vitivinicultura argentina frente al proyecto que impulsa el Gobierno Nacional de implementación de un impuesto interno del 10%.
La actividad vitivinícola ya realiza un aporte fiscal de $18.000 millones de pesos anuales (dato 2016). A este monto se pretenden sumar $5.400 millones de pesos más.
Este dato surge de una base de cálculo de ventas por $72.000 millones, de los cuales $54.000 millones corresponden al mercado interno.
La colocación de un impuesto interno puede tener dos objetivos, desde el punto de vista conceptual:
Desalentar el consumo de un producto que por alguna razón se considera nocivo
Gravar productos suntuarios con fines recaudatorios.
El proyecto de gravar con un impuesto interno a los vinos a priori no parece responder a ninguna de estas razones. Respecto de la primera, el primer cuestionamiento es sobre la supuesta nocividad del consumo del vino. Pero aún en este escenario, podrían darse las siguientes dos situaciones:
Que el impuesto NO se traslade al precio y que la carga impositiva impacte hacia adentro de la cadena y en particular, a la producción primaria, el eslabón más débil.
Que el impuesto SÍ se traslade al precio final del producto, lo que implicaría –dada la elasticidad de la demanda de vinos (-0,85)- que a un incremento de 10% en el precio del vino, se verificaría una caída en el volumen vendido del 8,5%.
Respecto del segundo punto, impuestos a productos suntuarios, vale recordar que alrededor del 85% del mercado interno corresponde a vinos de segmentos de precios bajos (45% de vinos fraccionados en cartón, 5% en damajuana y el resto son vinos “finitos” en botella).
