La historia de la privatización de bodega Giol lleva más de 27 años y su trama parece no haberse cerrado del todo. Es que la venta del ex establecimiento estatal en el gobierno de Bordón disparó una serie de demandas cruzadas entre Fecovita, adjudicataria del complejo, y el Estado mendocino, hoy condensados en un litigio de casi $ 30 millones que la Provincia quiere cobrar; y si bien las partes buscan un acuerdo, la firma no descarta pedir una condonación vía legislativa.
La deuda es por intereses compensatorios a raíz de la mora por la compra de los activos de Giol, incluidas sus principales marcas, desde 1996. «Federación de Cooperativas Vitivinícolas c/Provincia de Mendoza por consignación» la carátula del expediente 52160 que está en la 3era Cámara de Apelaciones en lo Civil, pero hay otras 2 causas iniciadas por la Provincia por cobro que se unificaron tras una primera apelación de la firma: la N° 99.345 la caratulada «Provincia de Mendoza c/ Federación de Cooperativas p Cobro de Pesos» ( $3 millones a devolver por reintegro de exportaciones) y 99.551 «Gobierno de Mendoza c/ Federación Coop. Argentinas p/ Cobro de Pesos» ($ 30 millones de intereses).
«Por la consignación y el incumplimiento de contrato que implicó la demora en escriturar los bienes consideramos que no hay deuda. Como la resolución puede perjudicar a muchos minifundistas vamos a incorporar el pedido de condonación», argumentó Osvaldo Coll, apoderado legal de Fecovita, que se aferra al antecedente de Lumay (ver), ya notificado de un fallo en contra y a la espera de una inminente sentencia final del mayor.
A fines de mayo, la Comisión Directiva de Fecovita decidió un cambio de estrategia: ante otro revés judicial, el plan es entrar a la arena de la pulseada política, la Legislatura, aunque tampoco dan por agotada la negociación con el Ejecutivo. Tiene bastante por perder; la Justicia ya la sentenció a cancelar $ 3 millones, como parte de lo que en el Ejecutivo llaman «juicio chico» (la devolución de un reintegro de exportaciones), y se viene el más importante: su ejecución implica que Fecovita afronte más de $ 30 millones, con actualización de intereses.
Desde Asesoría de Gobierno anticiparon que el no pago en tiempo y forma le ocasionó perjuicio a la Provincia «que la Justicia ha contemplado para el fallo». Según su responsable, Gabriel Orbelli, «de haber argumentos sólidos la empresa debería haberlos usado para no perder en primera instancia».
Sin pensar en la condonación, en el ministerio de Economía descartan cualquier obstáculo que les impida cobrar. «Se analizarán condiciones de pago», adelantó el ministro Kerchner, antes de conocerse la intención de pedir el perdón, y en muestra de confianza anticipó prevé destinar el dinero al reciente plan de reconversión vitícola.
