En los últimos días, la Diputada Provincial Hebe Casado (FCM)en conjunto con su par Josefina Canale (PDP) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura mendocina que propone descontar durante los meses que dure la pandemia una parte del sueldo de empleados públicos con el fin de generar un fondo fiduciario que estará disponible para ayudar al sector privado.
Esta iniciativa es de la legisladora Canale y adjunta una escala para el descuento, en proporción a los haberes, que va desde el 05% al 20% a empleados y funcionarios públicos y que exceptúa de los descuentos a trabajadores de la salud, seguridad y de educación.
A través de F.M. VIÑAS, la co-autora del proyecto sostuvo que la idea es que el Ejecutivo instrumente esta medida con el fin de “mantener un equilibrio entre ambos sectores”, destacó Casado y en profundidad reflejó: “Hay que ver la situación general que se vive ya que estamos en un momento particular donde una pandemia nos esta afectando y todos tenemos que hacer un tipo de sacrificio. En lo económico lo padecen los privados que, desde que se instauró la cuarentena estricta, son aquellos que producen y aportan a los impuestos y generan el dinero para pagar sueldos estatales”.
Siendo más precisa, Hebe Casado puntualizó: “Las actividades turística y gastronómica se han visto resentidas y vemos que sus empleado están siendo suspendidos y/o quedando sin su trabajo o se le ha reducido los sueldos en estos 50 días de cuarentena que llevamos”.
En la misma línea la legisladora aseguró:”Por eso pensamos en que el Estado debe ayudar en estos meses críticos y una forma de hacerlo sería aportando una alícuota del sueldo que dependerá del porcentaje de los haberes”.
Los pagos a cuenta se aplicarán según alícuotas progresivos desde el 0,50% para el sueldo de $ 20.000, 1% para sueldos de $30.000, 4, 5% para sueldos de $90.000, 7% para sueldos que alcancen los $120.000 y la tabla avanza de forma gradual hasta el 20% para sueldos de $210.000 o más.
Frente a las repercusiones que hubo tras conocerse la existencia del proyecto de ley, Casado aclaró que: “Se dejarían de lado a aquellas trabajadores esenciales como los de la DGE, Salud y fuerzas de Seguridad (incluyendo penitenciarios), que han trabajado más que antes. Sería solamente mientras dure esta situación de pandemia donde los privados no pueden generar riqueza”.
¿ES LA RESPUESTA DEL ESTADO ANTE ESTA SITUACIÓN?
“Es una parte de la respuesta que debe dar el Estado a esta situación. Los legisladores y funcionarios fuimos los primeros que destinamos parte de nuestro haberes a un fondo que fue a parar a la provisión de elementos para hospitales y este mes ha sido para comprar celulares y computadoras para chicos que participan de aulas virtuales”, respondió y siguiendo con el espíritu de la iniciativa, manifestó: “Queremos que el resto aporte ya que sus sueldos no se han visto afectados por esta pandemia y todo sea en solidaridad con aquellos que si han sido afectados”.
Pasando al plano nacional, Casado disparó: “Para la Nación es fácil afrontar esto porque tiene la maquinita funcionando a full y en Mendoza no. Los principales ingresos provinciales son el petróleo, el turismo y la agroindustria, todas actividades están resentidas y no pueden generar”.
Por estos momentos el proyecto de reducción salarial ingresó a la Legislatura y se “se está hablando con el Ejecutivo sobre esto por eso veremos qué respuesta dan. Ingresará en comisión en el tratamiento de la semana que viene y veremos qué respuesta hay del resto de los legisladores”, confirmó Casado respecto al estado legislativo recordando que las comisiones son lunes y martes; las sesiones en Senadores son los martes y en Diputados, los miércoles.
Desde F.M. VIÑAS se le consultó si con esto tenían en cuenta el costo político que puede ocasionar una posible legislación de esta índole a lo que la oficialista mantuvo: “El sector privado lo ve con beneplácito ya que han hecho el mayor esfuerzo y han restringido sus ingresos aportado todas las perdidas. El Estado no ha sufrido grandes pérdidas y esto irá a un fondo fiduciario para ayudar los sueldos de los empleados privados. Las cámaras industriales, turísticas, gastronómicas lo ven bien”, y finalmente reflexionó: “Es una forma de ponernos en la misma situación que ellos”.
Otro punto polémico, en la iniciativa, es el que menciona que “los empleados estatales que hoy no prestan sus funciones de manera presencial, ni virtual, deberían devolver las horas no trabajadas una vez terminado el periodo de aislamiento, en cada una de las reparticiones donde prestan sus servicios”. Cabe señalar que los grupos de riesgo han sido exceptuados de concurrir a los trabajos en forma presencial mediante decretos presidenciales y de la Corte Suprema por la emergencia sanitaria.
