En el plazo máximo de un año, todos los intendentes de la provincia tendrán una nueva responsabilidad: controlar el tránsito que circule por sus límites. Para esto, deberán contar con su propio cuerpo de preventores y juzgados administrativos municipales, en donde se resuelvan los conflictos viales.
Así lo establece el proyecto de la nueva ley de Tránsito, que ayer avanzó y pasó una primera gran parada, que es la Cámara de Senadores, aunque con algunos choques entre el oficialismo y la oposición. Con lo justo, la norma que impulsa el gobernador, Alfredo Cornejo, tuvo la primera sanción y ahora resta el tratamiento en Diputados.
La modificación a la ley 6.082 de Tránsito, sancionada en 1993, prevé una serie de modificaciones que en general la oposición reconoció como necesarias (ver aparte). En cambio, “la esencia” de la nueva ley es la más resistida: el control vial ahora será responsabilidad de los municipios, tal como se establece en la Constitución provincial (artículo 200) y como lo venían haciendo, voluntariamente, algunas comunas de Mendoza.
El cuestionamiento principal pasa por el hecho de que Cornejo no va a acompañar la nueva norma con un envío extra de dinero para que las municipalidades se hagan cargo de su nueva competencia.
La aplicación
En 3 meses: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, San Martín y Maipú (son los que ya tienen su policía vial).
En 8 meses: Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, Tupungato, General Alvear.
En 12 meses: Junín, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
