Son más de 498 mil hectáreas en Mendoza las que tienen acceso a agua superficial o subterránea y un 90% de éstas son superficies productivas con derecho a riego.
Así, según sea el uso del insumo, arranca en $ 2 para industrias y llega a casi $ 84 por metro cúbico usado en irrigar las fincas lo que, sumado a costos de perforación y otros ítems, ya genera malestar entre productores mendocinos.
La modificación de los cuadros por parte del Departamento General de Irrigación también alcanza al uso recreativo del agua, en cuyo caso el costo se cuadruplica respecto al del riego. Pero también a la actividad petrolera ($ 6/m3), la minería ($ 16), y hasta la explotación del agua mineral para envasar ($ 24).
“Sin olvidar que somos un ente autárquico que puede fijar sus tarifas, la Superintendencia mantuvo una pauta de actualización del 18%, alineada al presupuesto provincial. Esto contempla cuota de sostenimiento, tarifas por contaminación y la suba de costo administrativo y operativo, como el mantenimiento de la maquinaria usada en los embalses respecto a 2016”, argumentó Mario Yáñez, director de Contabilidad del DGI.
“Sería correcto si el valor de la mercadería también siguiese la pauta inflacionaria, pero eso no pasa. De manera que, además de las contingencias climáticas, hoy en día, afecta cuando todo aumenta sistemáticamente. Por ejemplo, un productor de duraznos necesita vender 3 veces más fruta para hacer su casa que hace 9 años. Si no hay quejas es porque muchos más piensan bajar los brazos”, sentenció Juan Riveira, presidente de Aspeff (Asociación de Productores y Exportadores de Fruta Fresca).
Sin dejar de recordar que “apenas asumió (José Luis) Álvarez (superintendente de Irrigación) aumentó 400% el agua subterránea. El año pasado 25%, y ahora acompañan la inflación”, dijo Sebastián Lafalla, de la Asociación de Viñateros de Mendoza..
La medida, incluida en el presupuesto 2017 de Irrigación, afecta a unas 111 mil hectáreas con riego superficial o subterráneo del Gran Mendoza, además del Valle de Uco y zona Sur.
A las críticas por falta de obras para optimizar el sistema, Yáñez explicó los nuevos ingresos en ítems como “tarifa para obras menores” (impermeabilización de canales, etc) que pasó de $ 98 a $ 116 por hectárea irrigada y se suma en las boletas de cobro, ayudarán a incrementar un fondo “que permite abaratar las obras hasta un 40% en comparación a una licitación”.
Sin embargo, el funcionario advirtió que las tarifas pueden volver a moverse durante 2017. “Si la inflación supera las expectativas actuales o la recaudación estimada cae por debajo del 82% o un 70% de lo presupuestado, obviamente habrá que hacer una revisión”, admitió Yáñez.
La industria tampoco se mantiene ajena. En sintonía con sus pares, Armando Mansur, de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza), señaló que “estamos acostumbrados a otros porcentajes, pero todo complica. Con un alto porcentaje de propiedades rurales en estado de abandono habrá que prescindir de la parte eléctrica y optimizar el riego, lo cual tampoco es fácil. Pero sin productores no hay industria”.
Hay razones de mercado que hacen que regar sea cada vez más complicado para la rentabilidad del sector primario. Por caso, el Valle de Uco parece ser la zona donde contar con un pozo y extraer agua tiene el mayor costo: según la potencia de la bomba utilizada, se estima que perforar exige entre $ 1,5 millón y $ 2 millones, y poner en marcha un pozo supera fácilmente los $ 100.000.
Esto sin contar costos de reparación (llegan a $ 200 mil sin bobinado de motor), que se acercan al valor de un equipo nuevo (entre $ 220 mil y $ 240 mil).
Fuente: Diario Los Andes
JT
