A partir de abril estará en pleno funcionamiento la nueva estructura judicial que surgió de la reforma del Código Procesal Penal que pone en pie de igualdad al Sur mendocino y al Valle de Uco con el resto de la provincia.
Es que ahora serán los fiscales los encargados de investigar y los jueces de instrucción pasarán a ser jueces de garantía. En este sentido se eliminará el Primer Juzgado de Instrucción a cargo de Paula Arana (que se convertirá en fiscalía de instrucción) y los otros dos pasarán a ser de Garantías.
En definitiva los cambios buscarán agilizar los procesos de investigación de las causas con la incorporación de 7 fiscalías de instrucción y la conformación de dos juzgados de garantías, tres defensorías penales, dos juzgados correccionales, una fiscalía penal de Menores, el Tribunal Penal de Menores y una defensoría penal de menores.
A esta reestructuración que implica la creación de cuatro cargos nuevos se le sumarán unos 20 ayudantes fiscales que actuarán en las comisarías del Sur mendocino y además Malargüe tendrá su propio fiscal de instrucción, un juzgado de garantías y una defensoría penal.
Los cuatro cargos a ocupar serán por concurso y se trata de dos fiscalías de instrucción y dos defensorías y también por concurso se cubrirán las 20 vacantes para ayudante fiscal en las comisarías.
En ese sentido los ayudantes fiscales no podrán vivir a más de 30 kilómetros del lugar de su trabajo porque estarán a disposición las 24 horas del día en forma activa o pasiva.
La idea es que apenas ingrese la denuncia se judicialice la causa como ocurre en el norte y el este de la provincia desde hace 16 años.
En este escenario, el subsecretario de Justicia Marcelo D’agostino anunció este jueves que «el objetivo es que esta reforma comience a funcionar en abril de acuerdo a la decisión que tomó el gobernador Alfredo Cornejo» y añadió que «ya están publicados en internet las bases del concurso para que se presenten los postulantes que luego tendrán que rendir examen en el Consejo de la Magistratura y su pliego deberá ser aprobado por el Senado provincial».
Las modificaciones sancionadas por ley que se aprobaron casi por unanimidad, salvo por los representantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores, no cayó muy bien entre los camaristas locales.
Argumentan que sin recursos tendrán que duplicar su trabajo porque todas las causas e incluso las apelaciones terminarán en las dos cámara del crimen (son los tribunales que realizan los juicios).
Además no cayó muy bien que la ley no contemplara muchas de las alternativas que habían propuesto. Es que el Ejecutivo priorizó lo monetario y asignó un presupuesto de 17 millones para la implementación del nuevo código cuando la propuesta de los camaristas locales era muy superior y proponía la incorporación de más recursos humanos.
Fuente: UNO SAN RAFAEL
