El martes el Senado dio sanción definitiva a un proyecto para reformar la Ley de Educación Universitaria de 1995. La nueva legislación elimina cualquier intensión de arancelar las casa de altos estudios públicas y establece que será el Estado nacional el encargado de financiarlas, en su artículo 2.
De esta forma se garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
Uno de los temas más polémicos de este proyecto, el cual posee sanción inicial de Diputados desde el 2013, es la eliminación de los exámenes de ingreso. En cambio plantea, el ingreso a la educación universitaria como “libre e irrestricto”, tales como “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.
Esto provocaría grandes cambios en el sistema educativo superior ya los cursos de nivelación o preuniversitarios dejarían de ser válidos.
El artículo 2 bis se redacta de la siguiente forma: “Art. 2º bis.- Los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
El insólito tratamiento de la legislación se dio entremedio de la discusión del presupuesto nacional, la ley de actores y la regulación de honorarios de abogados. Obtuvo 25 votos afirmativos en general, mientras que el artículo 2 bis obtuvo 40 afirmativos y 12 negativos.
Según se desprende de la versión taquigráfica del tratamiento, los legisladores que votaron a favor consideraron que no era necesario aclarar la autonomía universitaria ya que esto implicaba realizarle modificaciones al proyecto votado en diputados.
