La ONG Ceppis -formada por militantes del kirchnerismo- logró con la luz lo mismo que ya había obtenido con el gas: que se frenen los aumentos en todo el país. Fue a través de un fallo de Martina Isabel Forns, a cargo del juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo Número 2 de San Martín.
La jueza también ordenó al ENRE, el organismo regulador, que arbitre las medidas necesarias para comunicar a distribuidores y prestadores que «deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a la resoluciones». La medida provocó un profundo enojo en el Gobierno.
En su fallo, la juez puntualiza que las empresas distribuidoras y prestadoras del servicio eléctrico «deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida».
La jueza Forns también determinó que para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha, «sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total».
El Gobierno nacional está analizando la medida judicial y presentará una apelación.
En comunicación con FM Viñas, Marcelo Sandoval desde CECSAGAL, comentó “es un tema administrativo, no sabemos cómo se va a facturar. No sabemos si tendrá efecto retroactivo o si habrá que hacer devoluciones. Lo que no va a abonar el usuario, lo tiene que poner alguien. No se va a producir a otro costo. Es muy probable que la Nación tenga que salir a afrontar estos costos”.
Y agregó, “estábamos con la facturación mensual, ampliando la zona de lectura, la facturación que saldría la semana que viene y que vence el mes que viene. Como todas las distribuidoras de la provincia, tenemos un ente que no hace la facturación. Si hubiéramos tenido la facturación interna como antes, tendríamos muchas dificultades hoy”.
