En la antesala del debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares, la productora local y defensora del agua Pilar Castilla expresó su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa en los recursos hídricos del país.
En diálogo con FM VIÑAS, Castilla calificó la posible reforma como “grave”, al advertir que la normativa vigente prohíbe la actividad hidrocarburífera y minera no solo en los glaciares visibles, sino también en las zonas periglaciares, que —según explicó— cumplen un rol clave en la alimentación de acuíferos y ríos.
La ambientalista señaló que la modificación impulsada por el Gobierno eliminaría parte de esa protección. “La ley actual determina que glaciares y periglaciares están protegidos; con la modificación eso se recorta”, sostuvo. Además, advirtió que el Inventario Nacional de Glaciares podría quedar sujeto a revisión según criterios provinciales, lo que —a su entender— abriría la puerta a excluir formaciones hoy protegidas.
El planteo se produce previo de que el Senado de la Nación Argentina aprobara el proyecto de reforma con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, por lo que la iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas. El objetivo oficial es permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan función hídrica comprobable.
Según la iniciativa, se mantendría la prohibición de actividades sobre glaciares, pero se habilitarían proyectos en ciertos sectores periglaciares, diferenciando aquellos que actúan como reservas estratégicas de agua de los que no.
“Regresión ambiental”
Para Castilla, este enfoque implica un retroceso. “No se puede sancionar una ley menos restrictiva que la vigente porque se violan los presupuestos mínimos de protección ambiental”, afirmó, al tiempo que recordó el principio de no regresión previsto en la legislación ambiental.
La defensora del agua también puso el foco en el contexto de estrés hídrico que atraviesa la región y advirtió que debilitar la protección de glaciares sería “condenar directamente a la población y a las actividades productivas”.
Qué puede pasar ahora
Castillo explicó que el próximo paso será el tratamiento en Diputados, donde —según indicó— distintos sectores anticiparon que pedirán audiencias públicas. En paralelo, adelantó que organizaciones socioambientales y científicas evalúan eventuales acciones judiciales si la reforma se convierte en ley.
“Esta pelea va a ser larga y durísima”, concluyó.
