El Departamento General de Irrigación emitió una resolución en la que formuló observaciones sobre la ejecución del Gasoducto Sur de Mendoza y requirió que la Municipalidad de San Rafael, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que construyó la obra y la distribuidora Ecogas asuman las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales y penales que pudieran surgir en relación con el proyecto.
La medida quedó plasmada en la Resolución Nº 688, firmada por el superintendente Sergio Marinelli, luego del análisis del expediente vinculado a las autorizaciones para los cruces del gasoducto sobre la red de riego administrada por Irrigación.
Según el organismo, durante la ejecución de la obra no se habrían cumplido distintos requisitos técnicos establecidos al momento de autorizar los cruces sobre canales e hijuelas del río Diamante.
Entre las observaciones se menciona la falta de comunicación previa de los trabajos para permitir las inspecciones correspondientes y la demora en la presentación de la documentación técnica y fotográfica de las intervenciones realizadas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ausencia de los denominados «caños camisa», un sistema de protección de la tubería que había sido exigido por Irrigación. Tanto la UTE como Ecogas señalaron que la normativa técnica aplicable no contemplaba su utilización en este caso. Sin embargo, el organismo provincial sostuvo que esa interpretación no es correcta y afirmó que dicha protección puede ser requerida cuando las características de la obra así lo justifican.
Irrigación cuestionó aspectos técnicos del Gasoducto Sur y pidió que el Municipio de San Rafael, la UTE y Ecogas asuman responsabilidades
El Departamento General de Irrigación emitió una resolución en la que formuló observaciones sobre la ejecución del Gasoducto Sur de Mendoza y requirió que la Municipalidad de San Rafael, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que construyó la obra y la distribuidora Ecogas asuman las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales y penales que pudieran surgir en relación con el proyecto.
La medida quedó plasmada en la Resolución Nº 688, firmada por el superintendente Sergio Marinelli, luego del análisis del expediente vinculado a las autorizaciones para los cruces del gasoducto sobre la red de riego administrada por Irrigación.
Según el organismo, durante la ejecución de la obra no se habrían cumplido distintos requisitos técnicos establecidos al momento de autorizar los cruces sobre canales e hijuelas del río Diamante. Entre las observaciones se menciona la falta de comunicación previa de los trabajos para permitir las inspecciones correspondientes y la demora en la presentación de la documentación técnica y fotográfica de las intervenciones realizadas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ausencia de los denominados «caños camisa», un sistema de protección de la tubería que había sido exigido por Irrigación. Tanto la UTE como Ecogas señalaron que la normativa técnica aplicable no contemplaba su utilización en este caso. Sin embargo, el organismo provincial sostuvo que esa interpretación no es correcta y afirmó que dicha protección puede ser requerida cuando las características de la obra así lo justifican.
Además, Irrigación consideró que, si los responsables entendían que esa exigencia era improcedente, debieron impugnar oportunamente la resolución que la establecía, algo que, según el expediente, nunca ocurrió.
En la resolución también se solicita a la Municipalidad de San Rafael impulsar una ordenanza para eximir al Departamento General de Irrigación y a las Inspecciones de Cauce de cualquier responsabilidad por eventuales daños que pudiera sufrir el gasoducto durante las tareas habituales de mantenimiento y limpieza de los canales de riego.
Asimismo, el organismo dejó establecido que, ante futuras obras de modernización de la infraestructura hidráulica, serán los responsables del gasoducto quienes deberán adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad de la cañería.
La resolución se conoce en medio de la controversia generada en las últimas semanas por la utilización de la capacidad adicional del Gasoducto Sur. En ese marco, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENARGAS) ratificó recientemente que San Rafael tiene prioridad sobre las nuevas factibilidades generadas por la obra, debido a que el municipio financió su ejecución, aunque recordó que la operación y regulación técnica del sistema continúan bajo la órbita de la empresa distribuidora.
