El intendente de Alvear, Walter Marcolini, encabeza desde el Sur su lucha en la defensa de la posición mendocina en el conflicto por el río Atuel. Con respecto a la opinión de la ONU, que se conoció el martes, el radical minimizó el impacto en el proceso judicial y señaló que “el dictamen no es vinculante y no participa del juicio. Es un dato más que reconoce que hay que ponerse de acuerdo con La Pampa”.
Marcolini creó una comisión que está integrada por Aldo Guarino Arias, jurista experto de Aguas y Ambiente, y Marcelo Romano, abogado del agua y defensor de los regantes de San Rafael, además de los regantes. “La idea es hacer un seguimiento del conflicto”, explicó y dijo que a su vez ha tenido contactos con el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, con quienes analizó la situación.
En cuanto a su opinión política, dijo que “la ONU maneja información parcial, ya que no hace referencia al acueducto que funciona desde 1991 y por el cual las poblaciones de Santa Isabel y Algarrobo del Águila (La Pampa) reciben agua mineral mejor que la nuestra”.
En los hechos, este sistema de irrigación pasa agua para 6 mil habitantes, cuando las dos poblaciones pampeanas tiene 2.800.
En torno a esto, Marcolini consideró que “La Pampa tiene una actitud contradictoria, porque se opone al trasvase del río Grande al Atuel, que es la solución de fondo, junto la impermeabilización de los cauces”.
