El Gobierno de Mendoza oficializó la transferencia de más de $3.100 millones a la Asociación Cooperadora del Hospital Central. Mediante decretos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Rodolfo Montero, el Ejecutivo busca blindar el sistema sanitario y garantizar tratamientos clave para pacientes oncológicos y con VIH al saldar deudas con proveedores.
La asistencia financiera busca paliar de manera inmediata el atraso en los pagos a los proveedores del sector, garantizando que el flujo de medicamentos e insumos médicos no se interrumpa para miles de personas bajo tratamiento activo en la provincia.
Gobierno de Mendoza: subsidios para priorizar la atención oncológica
El mayor requerimiento de fondos quedó plasmado en el Decreto N° 744, publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de esta medida, las autoridades facultaron a la Dirección General de Administración de la cartera de Salud a transferir la suma de $2.955.724.459,68.
Este monto específico tiene como destino exclusivo el Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico. Según consta en los considerandos de la norma, el subsidio permitirá regularizar los pasivos contraídos con los laboratorios y droguerías que abastecen de medicación oncológica de alto costo a los efectores públicos.
Refuerzo para pacientes con VIH
De forma complementaria, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 779 para dar respuesta a las demandas del Programa Provincial de SIDA. En este caso, el subsidio asignado asciende a los $184.000.000,00.
Al igual que en el programa de oncología, estos recursos serán liquidados por la Tesorería General de la Provincia con el fin de cancelar las obligaciones pendientes con los proveedores y mantener la normal operatividad de las prestaciones de control, prevención y entrega de tratamientos específicos.
Controles y plazos de rendición
Los decretos establecen mecanismos de transparencia institucional para el seguimiento de las partidas millonarias. La presidenta de la Asociación Cooperadora, la Sra. Cecilia Raquel Elvira Larra, fue designada como la responsable directa de la administración e inversión del dinero otorgado.
De acuerdo con el marco legal vigente, la entidad dispondrá de un plazo improrrogable de sesenta (60) días hábiles -contados a partir de la efectiva recepción de los fondos- para elevar las rendiciones correspondientes ante la Subdirección de Auditoría del Ministerio de Salud y Deportes. Las normativas advierten que el incumplimiento de este paso administrativo inhabilitará automáticamente a la cooperadora para percibir futuros beneficios estatales.
