El histórico conflicto por las aguas del río Atuel sumó en las últimas horas un capítulo tan llamativo como preocupante. Leonardo Santesteban, director del diario La Arena de La Pampa, propuso durante su habitual columna en Radio Noticias que esa provincia cobre un peaje a los vehículos que atraviesen su territorio con destino a Mendoza, bajo el argumento de que ese dinero serviría como una suerte de reparación por los perjuicios económicos, sociales y ambientales que, según sostiene, provocó el corte del río desde 1947. “Son billones de pesos que los pampeanos perdimos”, afirmó el periodista al fundamentar una propuesta que rápidamente trascendió las fronteras provinciales.
La discusión por el Atuel existe, lleva décadas y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en diferentes oportunidades. En 1987 declaró el carácter interprovincial del río y, décadas más tarde, en 2020, estableció como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa. Desconocer ese conflicto sería tan equivocado como pretender resolverlo castigando económicamente a cualquier ciudadano por el simple hecho de dirigirse hacia Mendoza. Una controversia hídrica entre provincias debe discutirse en los ámbitos institucionales, políticos y judiciales correspondientes, no en una cabina de peaje.
Mucho menos puede aceptarse con liviandad una idea de estas características desde el sur mendocino. Para San Rafael y General Alvear el Atuel no es una bandera construida para alimentar una disputa territorial: es parte esencial de nuestra existencia. Junto al Diamante sostiene el oasis productivo del sur provincial, donde el agua constituye la base sobre la que se desarrollaron durante generaciones la agricultura, la industria asociada, pueblos, familias y miles de puestos de trabajo. En una provincia árida como Mendoza, hablar del Atuel es hablar de producción, arraigo y supervivencia territorial.
El diario La Arena mantiene desde hace años una posición editorial inflexible respecto del conflicto hídrico. Está en todo su derecho de defender los intereses de La Pampa, del mismo modo que desde Diario San Rafael y Fm Vos hemos defendido históricamente los derechos y necesidades del sur mendocino. El regionalismo no debería avergonzar a nadie cuando se ejerce con argumentos. El problema aparece cuando esa defensa deriva en planteos que pretenden convertir al ciudadano común en responsable económico de una controversia entre Estados provinciales. Un mendocino que cruza La Pampa para viajar a Buenos Aires no le debe una indemnización a La Pampa por el Atuel. Tampoco un bonaerense que atraviesa esa provincia rumbo a Mendoza.
Además, resulta inevitable invertir por un momento el razonamiento utilizado por Santesteban. Miles de sanrafaelinos y mendocinos atraviesan habitualmente territorio pampeano y conocen perfectamente el deterioro que presentan algunos de sus corredores viales. La situación de la Ruta Nacional 151 llegó este mismo año a niveles alarmantes: el propio intendente pampeano de 25 de Mayo advirtió sobre sectores prácticamente intransitables y vinculó el deterioro con roturas de vehículos y accidentes. Es cierto que esa traza es nacional y que su mantenimiento no depende exclusivamente del Gobierno pampeano, pero la pregunta sirve para desnudar lo endeble del argumento: ¿debería entonces cada automovilista exigir una compensación económica por una cubierta destruida, una llanta rota o las consecuencias de un siniestro ocurrido mientras atraviesa La Pampa?
Un peaje tiene sentido cuando está vinculado a infraestructura, mantenimiento, conservación y seguridad de una ruta. De hecho, los esquemas actualmente proyectados en Mendoza relacionan expresamente el cobro con obras y mejoras previas sobre las trazas. Otra cosa muy diferente sería transformar ese instrumento en una penalidad determinada por el destino del viajero y utilizarlo para cobrar una supuesta deuda histórica entre provincias.
Por ahora, la propuesta disparatada pertenece a Santesteban y no existe un anuncio oficial del Gobierno pampeano para aplicar semejante medida. Pero habrá que observar con atención qué posición adopta la administración de Sergio Ziliotto, especialmente porque el gobernador acaba de renovar ante la Corte Suprema su reclamo contra Mendoza por el Atuel y mantiene el tema entre las prioridades políticas de su gestión, sumado a carteles oficiales en las rutas con el mensajes «Mendoza nos robó el Atuel».
Desde Mendoza la respuesta debe ser firme. Podemos discutir caudales, obras, fallos judiciales y mecanismos de aprovechamiento compartido todo lo que sea necesario. Lo que no corresponde es aceptar que desde la vereda de enfrente se instale la idea de que nuestra provincia—y por extensión cada mendocino— debe ser castigada por defender un recurso que también resulta indispensable para su propio desarrollo. El Atuel merece soluciones serias entre provincias, no provocaciones disfrazadas de peaje. Y cuando se trata de defender el agua que sostiene nuestro oasis, San Rafael también tiene mucho para decir.
Portezuelo del Viento: cuando La Pampa también trabajó para frenar a Mendoza
Y existe un antecedente demasiado importante como para olvidarlo en esta discusión. La defensa pampeana de sus intereses hídricos no quedó circunscripta al río Atuel. La Pampa fue también una de las provincias que con mayor énfasis político e institucional se opuso a la construcción de Portezuelo del Viento, la histórica obra hidroeléctrica proyectada por Mendoza sobre el río Grande, en Malargüe, y llamada a convertirse en una infraestructura estratégica para el desarrollo del sur provincial.
No fue La Pampa la única jurisdicción que formuló objeciones, pero su Gobierno desplegó durante años una intensa presión política contra el proyecto mendocino. En junio de 2020, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén exigieron dentro del COIRCO una nueva Evaluación de Impacto Ambiental Regional sobre toda la cuenca del Colorado. Mendoza sostuvo que la obra había transitado los procedimientos técnicos correspondientes y consideró aquel nuevo requerimiento una dilación que, en los hechos, impediría su adjudicación. El conflicto terminó llegando al entonces presidente Alberto Fernández, quien en diciembre de 2022 laudó exigiendo ese estudio integral como condición previa para que Portezuelo pudiera avanzar.
El resultado es conocido: una obra que Mendoza proyectó durante décadas, que significaba inversión, generación hidroeléctrica, empleo y desarrollo para el sur provincial terminó paralizada, mientras desde el propio Gobierno pampeano se celebró públicamente el desenlace bajo la expresión “Final para Portezuelo del Viento”. Resulta entonces difícil aceptar lecciones sobre supuestos perjuicios económicos provocados por Mendoza sin recordar que, cuando nuestra provincia estuvo frente a una de las mayores oportunidades de infraestructura de su historia reciente, La Pampa no fue una espectadora neutral: fue protagonista de la resistencia política que contribuyó a frenarla.
Por eso, antes de imaginar peajes destinados a “compensar” a La Pampa por las consecuencias de una disputa hídrica, también corresponde mirar la historia completa. Si comenzáramos a ponerle precio a cada decisión política de una provincia que perjudicó los proyectos, la producción o las posibilidades de desarrollo de otra, la discusión dejaría rápidamente de tratarse de agua para convertirse en una interminable factura entre vecinos. Y ese camino, además de absurdo, conduce exactamente en la dirección contraria a la integración regional que deberían promover quienes tienen responsabilidades públicas.
