El Gobierno provincial lanzó una licitación para contratar el servicio tercerizado encargado de cobrar las infracciones de tránsito. Comprometió 329 millones de pesos para un periodo de cuatro años.

El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación para renovar la privatización del cobro de multas de tránsito en la provincia. Este modelo había sido implementado en 2017 por el Ministerio de Seguridad con el fin de mejorar la recaudación por parte del Estado. Ahora la gestión de Rodolfo Suarez comprometió 329 millones de pesos para la contratación de un servicio que se encargue de las cobranzas de infracciones viales por los próximos cuatro años.

A través del Decreto Nº 2189, publicado el último martes en el Boletín Oficial, el mandatario provincial autorizó el llamado a licitación pública para la contratación de un servicio de gestión y asistencia técnica y logística para la optimización de políticas públicas en materia de seguridad vial del Ministerio de Seguridad.

Para este servicio, el Ejecutivo comprometió un monto total de $ 329.450.197 que, según se explica en los considerandos del decreto, corresponde a un plazo de cuatro años. Asimismo, imputa para el ejercicio 2022 unos $ 6.863.545,77 que es el pago previsto para un mes del servicio.

El pliego de bases y condiciones particulares establece que la licitación tiene por finalidad apoyar las acciones de la Autoridad de Control en lo que refiere a acciones de labrado de actas de constatación de infracciones en el marco de la Ley 9024 de Seguridad Vial.

También colaborar con la Autoridad de Juzgamiento mediante asistencia técnica y logística para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

En tanto, también se busca que colabore en el fortalecimiento de la gestión de cobranza, tanto en sede administrativa como mediante acciones prelegales.

Durante la gobernación de Alfredo Cornejo, a mediados de 2017, el Ministerio de Seguridad decidió privatizar el cobro de multas de tránsito, a raíz de la morosidad que presentaba esta gestión.

Según indicaron desde la cartera conducida por el ministro Raúl Levrino, en 2016 se cobraba solo el 30% de las actas viales, mientras que tercerizando el servicio se llegó a superar el 60% de lo que correspondía recaudar.