La causa está estancada por falta de acciones de parte de la Suprema Corte, que debe resolver en pleno. Los salarios más altos orillan los $8 millones por mes.
En dos meses se cumplirán cinco años de la aprobación de una ley con la cual la Legislatura Provincial se propuso en parte terminar con lo que a simple vista se ve como una anormalidad o injusticia: los cargos de los equiparados a magistrados en el Poder Judicial de Mendoza. Dicho de otro modo, son trabajadores que cobran como si fueran jueces. Pero no lo son, ni cargan con sus responsabilidades, más allá que algunos de sus puestos puedan llegar a ser importantes en términos administrativos.
Actualmente, una medida cautelar aceptada por la Sala II de la Suprema Corte en octubre del 2020 (con votos afirmativos de Mario Adaro y Omar Palermo, más la disidencia de José Valerio) mantiene los salarios millonarios -algunos están cercanos a los $8 millones – de los 19 equiparados a magistrados que habían quedado dentro de la ley votada y que actualmente trabajan en Tribunales. La cuestión de fondo, mientras tanto, duerme a la espera de una resolución en pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Pero nada ocurre por el momento, y no se espera que algo pueda pasar al menos en los próximos meses, salvo que en la Corte los magistrados se propongan hacerlo, teniendo en cuenta que el fondo de la causa se debe resolver en pleno, con la votación de los siete ministros.
De hecho, tres empleados se jubilaron con la cautelar vigente y sin resolución final. Si bien este grupo de empleados no se jubila con el 82% móvil de los magistrados, en varios casos llegan al “tope jubilatorio”, que actualmente está en le orden de los $1,8 millones por mes.
Pero además, pese a no tener prácticamente avances la causa, hay otro detalle que también demorará más la resolución, y es que ahora se incluyó lógicamente a la flamante ministra de la Corte, Norma Llatser, en los ocho expedientes que tiene abierto este tema (hubo presentaciones independientes de grupos de equiparados).
“Lo que está ocurriendo ahora es que se ha tenido que incorporar con Llatser”, dijeron desde Tribunales, que ocupó el lugar de Pedro Llorente, el único de los siete que se había excusado de la causa. Luego que eso ocurra, “se dará lugar a las partes para ver si las partes impugnan o no”, agregaron.
Si uno ingresa a las listas diarias de los expedientes, se nota a simple vista la lentitud o desinterés de la Suprema Corte para que se resuelva. Salvo un movimiento que hubo en septiembre del 2024, para el resto hay que remontarse al 2022 con acciones que son más administrativas que lo que pueda ser algún interés real (en el 2023 no hubo un solo movimiento de la causa).
