El legislador nacional del PRO presentó un proyecto para exigirle al INAI que explique sus argumentos para favorecer a comunidades autodenominadas mapuches.
La cesión de tierras en el Sur de Mendoza a comunidades autodenominadas mapuches sumó otra voz en contra. El diputado nacional Omar De Marchi (PRO) pidió la remoción del cargo de los responsables de las resoluciones nacionales.
El legislador mendocino rechazó la entrega de terrenos ubicados en San Rafael y Malargüe, y presentó un proyecto en la Cámara Baja para que se cite a las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que la semana pasada emitió dos disposiciones a favor de “El Sosneado” y “Suyai Levfu”.
El vicepresidente primero de Diputados sostuvo que los mapuches nunca habitaron la provincia, y que ‘legítimamente no les corresponde ningún derecho sobre esas tierras y no tienen personería jurídica que exige la Ley 26.160’.
De Marchi, quien aspira a ser precandidato a gobernador, aún no se sabe si dentro de Cambia Mendoza o fuera, afirmó: ‘Es necesario que quienes firmaron tal resolución den explicaciones y presenten los argumentos jurídicos con el fin de aclarar la cuestión. Caso contrario, vamos a pedir la remoción del cargo de los responsables de este despropósito’.
El lujanino hizo hincapié en que esta decisión no fue consultada con la Provincia y sorprendió al Gobierno. ‘Todo lo que hace el kirchnerismo lo rompe. En materia de usurpación de tierras hay una doble moral’, señaló.
‘Resulta de una gravedad extrema que un organismo a través de una simple resolución administrativa disponga de más de 21 mil hectáreas de manera manifiestamente ilegal. Es fundamental destacar que los mapuches no son originarios del actual territorio argentino y menos aún de la Provincia de Mendoza. Los pueblos originarios de la Provincia fueron los Huarpes’, agregó el diputado.
En Mendoza, los diputados del PRO también se expresaron en contra de las resoluciones nacionales, y pidieron que se ‘analice la conducta de las autoridades del INAI para determinar si han incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los derechos de funcionario público por haber otorgado tierras en el sur provincial’.
El Gobierno, en tanto, analiza hacer un reclamo ante la Nación, por vía administrativa, o judicial, para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones.
