La vitivinicultura de Mendoza atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, con una crisis estructural que combina rentabilidad negativa, falta de financiamiento adaptado y un marcado desinterés regulatorio.
El último informe de costos elaborado por las entidades rurales encendió las alarmas en el sector al consolidar un déficit operativo que supera los 2,6 millones de pesos por hectárea para variedades finas como el Malbec o el Cabernet Sauvignon.
La brecha entre los costos de producción —que ya alcanzan los 8.000 dólares por hectárea anuales— y los ingresos reales que percibe el viñatero ha forzado la paralización de tareas culturales clave como la poda y el amarre, empujando a decenas de familias rurales a la incertidumbre laboral. Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, describió el crítico panorama de las fincas, cuestionó las propuestas oficiales de reconversión productiva y reclamó herramientas financieras urgentes para el sostenimiento del capital de trabajo.
Ecuación de quebranto: los números detrás del desfinanciamiento del productor
El desfasaje económico entre la inversión necesaria para mantener los cultivos y el precio final pagado por la industria vitivinícola arrojó balances en rojo para la presente temporada. «La situación del sector primario en el Valle de Uco es verdaderamente muy crítica; se están abandonando masivamente los viñedos en la región y mucha gente no va a poder seguir trabajando la tierra. Hoy, llevar adelante los gastos operativos de una viña con un parral de variedades de calidad está dejando una pérdida neta de aproximadamente 2.500.000 a 2.650.000 pesos por hectárea. Estamos operando bajo un diagnóstico de renta negativa absoluta, es decir, perdemos plata trabajando. Estos datos surgen de un informe minucioso que contabilizamos en nuestra base de datos sobre el productor primario, donde se asientan todos los gastos reales desde que se empieza a pagar y atar la planta en el invierno, hasta la cosecha final», explicó Leiva.
«Si pasamos estos números a una moneda de referencia para los insumos, estamos hablando de que el costo operativo pulido y fino se ubica prácticamente en los 8.000 dólares por hectárea para mantener y cosechar un Malbec, un Cabernet o un Syrah de entre 30 y 50 años. Estamos sumamente complicados.
Ya tendríamos que estar pagando las cuadrillas para los trabajos invernales y muchos productores hoy directamente no están podando porque no tienen fondos. A esto se suma la alarmante situación en la zona norte, que ha dejado prácticamente a cien familias en una profunda incertidumbre sobre si van a poder seguir viviendo o no de la vitivinicultura. Si no hay una acción muy clara o una determinación política de salvataje para este sector, muchas viñas más se van a perder de forma definitiva», alertó.
Distorsiones de mercado, el rol de la industria y la falacia de la reconversión
Los productores denuncian un desequilibrio histórico en la cadena de valor donde las bodegas imponen condiciones de pago desfavorables en un contexto de exportaciones estancadas en valor. «He vivido y trabajado durante 27 años con las problemáticas del campo y nunca vi un estado de abandono tan explícito hacia el productor primario como el que presenciamos hoy. Esto no es una crisis que se generó de manera espontánea, no podemos ser tan ingenuos. Esto se viene gestando hace muchos años mediante la repetición sistemática de crisis de precios y un destrato histórico de la industria hacia el viñatero, al que le pagan la uva cuando quieren y con los valores que se les antoja. Esta distorsión local ahora estalló y se combina con una crisis internacional del vino. Mientras que en Europa el Estado otorga subsidios de mil euros por hectárea si se decide erradicar un viñedo, acá en Argentina el productor tiene que pedir un crédito bancario solo para poder sacar las cepas de su propiedad», comparó Leiva.
«Las exportaciones de vino no bajaron en volumen, pero se encuentran totalmente estancadas en precio. El problema central es que el mercado bodeguero está sumamente cartelizado; existen grandes proveedores a los que les conviene comprar el vino ya elaborado en el mercado de traslado antes que pagarle un precio justo por la uva al productor en la finca. Intentamos generar herramientas como un mercado contractualizado de uvas para establecer previsibilidad, pero fue saboteado por los grupos concentrados. Al no tener un horizonte claro del precio de lo que estás produciendo, la inversión se paraliza», señaló.
«Tampoco nos van a venir a convencer con discursos absurdos, como el de que un productor con 10 hectáreas de Malbec en el Valle de Uco debe convertirse en ganadero. Traer vacas a un sector bajo riego con infraestructura vitivinícola es no entender la matriz agraria», lanzó.
Soledad gremial y las barreras de acceso al crédito para capital de trabajo
Las entidades rurales advierten que las líneas de financiamiento ofrecidas por la banca oficial exigen condiciones técnicas de difícil cumplimiento para las pequeñas estructuras agrarias. «Las economías regionales no estamos en la agenda prioritaria del gobierno nacional, nos sentimos muy solos. Hemos dialogado con funcionarios provinciales, pero lo han abordado de forma muy superficial y no ha aparecido todavía ningún planteo que contenga firmemente esta crisis. Frente a este panorama, estamos evaluando de qué manera podemos establecer esquemas de protección y nos sentaremos nuevamente con la provincia para exigir que nos acompañen y no nos abandonen. Hace unas semanas recibimos la visita protocolar de representantes del Banco Nación, del BICE y del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), pero esos créditos ofrecidos todavía están inoperativos en las sucursales, por lo que no podemos evaluar su impacto real en el territorio», aseveró el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
«Más allá de las tasas que ofrezcan para mitigar los costos de energía eléctrica o insumos, la realidad es que la gran mayoría de nuestros pequeños productores no califica para acceder a esos tres créditos bancarios debido a las exigencias técnicas. Para sortear las trabas, los bancos sugieren recurrir a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), pero el viñatero promedio es reacio a esos sistemas centralizados.
Por este motivo, estamos trabajando internamente desde la entidad para diseñar y constituir una SGR más chica, de carácter regional y con impronta exclusiva del Valle de Uco, que permita avalar de forma directa y ágil a aquellos productores que necesitan capital de trabajo inmediato para subsistir, evitando que queden marginados del sistema productivo», completó.
