En una nueva jornada de protesta en defensa de la Ley 7722 y del recurso hídrico, la tarde-noche del martes se vivió un «Ruidazo» multitudinario en General Alvear. La manifestación se extendió desde el Km 0 hasta la Plaza Carlos María de Alvear, en una acción simultánea con diversas asambleas a lo largo de la provincia de Mendoza.
Pilar Castillo, productora y representante de la Asamblea del Pueblo, dialogó con FM VIÑAS y expresó el sentir de los manifestantes tras la reciente aprobación del proyecto San Jorge en la Cámara de Diputados. «Es una manifestación con bastante dolor«, afirmó Castillo, aunque manteniendo una postura de lucha: «Tenemos plena confianza en la capacidad del pueblo de salir a la calle y luchar. No está todo dicho todavía».
La asambleísta hizo hincapié en las múltiples violaciones legales del proyecto, señalando dos puntos principales:
-
Incumplimiento de la Ley 7722: El proyecto considera la cuenca del Río Mendoza como cerrada, algo que el Departamento General de Irrigación niega. Al ser una cuenca abierta, implica a otros departamentos, y la ley exige que todos los municipios afectados sean consultados, algo que no ocurrió.
-
Violación de la Ley General de Ambiente: La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada es «condicional» y «no contiene certeza ni evidencia» científica, diferiendo hacia el futuro dictámenes que deberían ser cumplidos de manera efectiva.
Castillo también criticó el reciente discurso de algunos legisladores que minimizan la peligrosidad del Xantato como un «simple detergente», replicando el argumento de la empresa minera del año 2010. «El Xantato es un tóxico riesgoso y peligroso para la salud», sentenció, citando informes de científicos de la Universidad Nacional de Cuyo.
Respecto al camino a seguir, la prioridad de la Asamblea es la movilización popular: «Nuestra prioridad es lo que va a pasar en la calle. Hoy estamos todos a la vez en la calle, los legisladores verán a quiénes responden, si a los derechos del pueblo o a los intereses empresariales».
La reacción política
La diputada provincial (PJ) Roxana Escudero se sumó a la manifestación y destacó la buena convocatoria de la gente. Criticó la acción policial en el monumento que buscaba despejar la calle para el tránsito vehicular, subrayando que se trata de una «manifestación pacífica» en reclamo por el agua, que es vida.
En el plano legislativo, Escudero confirmó que, de mantenerse la postura actual, los compañeros de su bloque votarían negativamente en la Cámara de Senadores, aunque reconoció que el oficialismo cuenta con la mayoría.
Como estrategia legal, anunció que el bloque realizará denuncias específicas por las falencias del proyecto San Jorge en la Cámara de Diputados. «Espero que [la Justicia de Mendoza] respondan como corresponde», concluyó la diputada.
El grito de Alvear
Alberto Kobayashi, otro representante de la Asamblea del Pueblo, calificó la manifestación como «multitudinaria» y una demostración de que en cada alvearense «está todavía encendida la llama y la lucha por defender el agua, defender el ambiente y defender este modelo que tenemos los alvearenses y todos los mendocinos, agrícola, industrial y turístico».
Kobayashi fue enfático al reiterar que el proyecto San Jorge viola directamente la Ley 7722, especialmente el Artículo 5º, al no solicitar los informes sectoriales de los municipios afectados por la cuenca del Río Mendoza.
El representante de la Asamblea alertó sobre los peligros ambientales y sanitarios del Xantato, indicando que el problema principal es su efecto colateral: su degradación se transforma en sustancias «mucho más venenosas» como la poliacrilamida, «generadora de muchísimas enfermedades, sobre todo el cáncer».
Ante la pregunta sobre la recuperación del agua utilizada en el proceso minero, fue categórico: «En ninguna parte del mundo lo que están diciendo es verdad, porque el agua que utiliza los procesos extractivos no se puede recuperar».
A pesar de los «informes lapidarios» del CONICET, Irrigación y la Universidad Nacional de Cuyo, que no fueron respetados por los diputados, la Asamblea mantiene su firmeza. Kobayashi confirmó que la alternativa final en la resistencia contra San Jorge es una acción judicial, dado que existen «todos los elementos jurídicos para hacer un cuestionamiento a fondo a la aprobación del proyecto».
