El debate en el que se juzgará la responsabilidad penal del empresario ciruelero local Eduardo Manuel “Chilín” Ramos y otras dos personas en una presunta quiebra fraudulenta –por hechos ocurridos entre 2007 y 2010– comenzará el 10 de agosto próximo y se desarrollará, según estiman fuentes tribunalicias, durante tres jornadas.
En la causa también están imputados como partícipes necesarios de esas maniobras Elisabeth Vera –que trabajaba en el secadero propiedad de Ramos que se encontraba en proceso de quiebra al momento de los hechos– y Roberto Tosseto.
El 7 de noviembre de 2016, el por entonces titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Peñasco, resolvió procesar a Ramos por el delito de quiebra fraudulenta. Asimismo, ordenó la misma medida para Elizabeth del Carmen Vera y Roberto Tosetto como partícipes necesarios del mismo delito.
Según el magistrado, se pudo comprobar que el empresario utilizó cheques de las otras dos personas por fuera del concurso y la quiebra, sin autorización del síndico, para continuar con su negocio. En principio, la maniobra –que no contempló los créditos de los acreedores del concurso– incluyó más de 20 millones de pesos en cheques presentados ante el Banco Nación con firma de los presuntos cómplices, pero endosados por el empresario.
En su momento, la resolución judicial que acusaba a Ramos, Vera y Tosetto afirmó que el empresario “manejándose fraudulentamente con cuentas corrientes bancarias de terceros –Tossetto y Vera– sustrajo y ocultó bienes provenientes de su actividad comercial, con lo que causó un perjuicio patrimonial a sus acreedores, ya que estos no pudieron satisfacer sus acreencias”.
A partir de esta maniobra, Ramos habría desviado fondos utilizando chequeras de terceros y probablemente pagando ese servicio. Uno de los imputados, según el expediente, compró su casa con cheques endosados por Ramos y se sospecha que ese sería el pago que le hizo el empresario por utilizar sus chequeras. La quiebra fraudulenta no solo afectó a otros empresarios locales, que tienen su documentación para demostrar el perjuicio, sino también a muchos finqueros que en este caso vendieron sus ciruelas en negro y que no pudieron cobrar el cheque por falta de fondos.
El debate será presidido por el juez Ariel Hernández y el fiscal actuante será el doctor Iván Ábalos y hasta cinco días antes del inicio del debate los acusados pueden llegar a un acuerdo económico con los acreedores y plantear, así, el principio de oportunidad para una solución de conflicto.
