La diputada provincial Sol Salinas (Unión Pro) presentó un proyecto de ley para prevenir las falsas denuncias y fortalecer la legitimidad del proceso penal en Mendoza. La iniciativa introduce reformas al Código Procesal Penal para reforzar la responsabilidad procesal, garantizar derechos y evitar el uso ilegítimo del sistema penal.

Según los fundamentos de la propia legisladora, la iniciativa parte de una problemática que se ha vuelto cada vez más visible en los tribunales: la utilización del proceso penal como mecanismo de daño ilegítimo, a través de denuncias que, una vez agotada la instancia judicial, resultan infundadas, falaces o formuladas con dolo.

»La iniciativa, que surge de una demanda de abogados y personas falsamente acusadas, busca establecer un sistema que proteja a las víctimas genuinas sin dejar de lado a quienes utilizan el sistema para resolver otro tipo de conflictos. El objetivo principal es darle a la Justicia las herramientas necesarias para mejorar el procedimiento. La idea es avanzar y que los sistemas cada vez sean más equitativos», explicó Sol Salinas.

»El proyecto no busca crear nuevos delitos, ya que la denuncia falsa ya está contemplada en el Código Penal. Sin embargo, propone modificaciones en la legislación provincial para que los procesos judiciales sean más equitativos. Hay que evitar que la sociedad caiga en un sistema pendular, donde se posiciona a todas las mujeres como mentirosas y a todos los varones como violentos», manifestó.

Más adelante, la legisladora insistió en que el proyecto busca preservar a las víctimas reales. »Buscamos cuidar al sistema y preservar a las víctimas reales de violencia de género. Aquellas personas que usan el sistema para conflictos de tenencia de hijos, sucesiones o patrimonio lo deben resolver en otro ámbito y no con una falsa denuncia que termina ensuciando el sistema y desalentando a las mujeres a que denuncien cuando de verdad lo están padeciendo», expuso. El proyecto explica que este fenómeno, lejos de ser excepcional, ha adquirido notoriedad en distintos ámbitos judiciales, y suele estar motivado por razones diversas: conflictos familiares o patrimoniales, disputas laborales, rupturas sentimentales traumáticas, intentos de obtener ventajas procesales en otros fueros (como el civil o el de familia), represalias personales, disputas por la tenencia de hijos, u operaciones de desprestigio en contextos políticos, empresariales o comunitarios.

La advertencia y la persecución de las denuncias falsas

Otro pilar del proyecto es el procedimiento para castigar a los denunciantes falsos. »El texto incorpora tres mecanismos centrales para combatir las denuncias infundadas. En primer lugar, se establece la advertencia legal obligatoria. Es decir que toda persona que realice una denuncia será informada expresamente sobre las consecuencias de formularla de manera falsa, conforme al artículo 245 del Código Penal», remarcó Salinas.

»En segundo término se impone lo que se denomina compulsas judiciales fundadas. Cuando un juez dicte sobreseimiento o absolución por inexistencia del hecho o falta de participación del imputado, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para evaluar una posible investigación», añadió.

»Por último, si el juez no remite la compulsa, el propio damnificado podrá requerirla como herramienta mínima de reparación institucional (Solicitud de la persona afectada)», completó.

La creación de un sistema de peritos transparente

Junto con esta iniciativa, Salinas presentó otro proyecto de ley que busca mejorar la designación y control de peritos psicólogos y psiquiatras en causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género. »Se han detectado casos con pericias totalmente iguales e idénticas en su análisis», señaló la legisladora al respecto.

»Para evitar estas irregularidades, el proyecto estipula que los peritos sean asignados a las causas por sorteo, no por elección. El profesional tendrá un plazo de 48 horas para aceptar el caso y la pericia resultante, al ser de manera individual, profesional y particular, garantizará una mayor credibilidad. La medida busca transparentar el sistema del Ministerio Público Fiscal y garantizar la veracidad de la prueba», destacó al cierra de la entrevista.

Diario San Rafael.