En diálogo con FM VIÑAS, Walter Martínez, prestador de servicios de transporte especializado en la atención de personas con discapacidad en General Alvear, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector, marcada por atrasos en los pagos, falta de actualización de tarifas y el aumento sostenido de los costos operativos.
Según explicó, si bien la denominada Ley de Emergencia en Discapacidad ya fue promulgada y cuenta con reglamentación, en la práctica aún no se aplica plenamente. “Seguimos luchando con el tema de los pagos y las actualizaciones del nomenclador. Se dice que se está trabajando, pero la realidad es que no vemos resultados concretos”, afirmó.
Martínez señaló que una de las principales problemáticas se da con la obra social de beneficiarios pensionados administrada por el Estado nacional. En ese sentido, indicó que el sector solo ha cobrado prestaciones hasta septiembre de 2025 y que aún no perciben los incrementos previstos para los últimos meses del año pasado. “Seguimos trabajando con valores de octubre de 2024. Así es imposible sostener el servicio o renovar las unidades, pese a que se nos exige hacerlo”, remarcó.
El prestador explicó que la situación se agrava por el aumento del combustible y otros costos básicos. “Hoy el gasoil supera ampliamente los valores del año pasado y eso nos está golpeando directamente. Antes había pacientes que viajaban tres veces por semana a realizar terapias y ahora, para no dejarlos sin atención, apenas podemos garantizar un traslado semanal”, detalló.
En este contexto, sostuvo que algunas obras sociales sindicales o programas provinciales mantienen pagos más actualizados, lo que permite a los transportistas sostener parcialmente la actividad. Sin embargo, aclaró que en muchos casos la cobertura de pensionados nacionales representa más del 50% de los pacientes, lo que vuelve crítica la situación financiera.
Martínez también advirtió que la problemática afecta a otros profesionales vinculados a la discapacidad, como acompañantes terapéuticos y especialistas en distintas áreas de rehabilitación. “Ya hay prestadores que están dejando de trabajar porque es imposible sostener los servicios. Instituciones están cerrando y no aparecen reemplazos”, alertó.
Por último, consideró que la solución requiere decisiones de fondo y auditorías directas en territorio para depurar padrones y garantizar el pago normal de las prestaciones. “Desde un escritorio se pueden tomar muchas decisiones, pero la realidad está en la calle. Lo importante es actuar rápido para que no siga sufriendo la gente”, concluyó.
El sector continúa a la espera de respuestas de las autoridades nacionales para poder garantizar la continuidad de los servicios esenciales destinados a personas con discapacidad.
