La problemática de la contaminación sonora volvió a instalarse en la agenda pública regional luego de que vecinos de San Rafael impulsaran una presentación judicial para exigir mayores controles sobre los ruidos molestos generados, principalmente, por motocicletas con escapes modificados.
Se trata de Pablo Pérez, quien en diálogo con FM VIÑAS explicó que decidió encabezar la iniciativa tras advertir que la situación afecta de manera directa la calidad de vida de numerosos vecinos. Según relató, el recurso de amparo ambiental fue presentado de forma colectiva ante el Poder Judicial, amparado en los derechos establecidos en la Constitución Nacional que garantizan el acceso a un ambiente sano.
“Es una problemática que se viene agravando. La contaminación sonora perturba el descanso, genera estrés y puede provocar afecciones cardiovasculares. Además, hay niños con hipersensibilidad auditiva y adultos mayores que sufren especialmente estas situaciones”, expresó.
El vecino indicó que realizó la presentación sin patrocinio legal, haciendo uso de las herramientas que brinda la legislación vigente para la defensa de los derechos ciudadanos. Tras la aceptación del planteo, también se dio intervención al área ambiental de la Municipalidad, desde donde se informó que el departamento cuenta con sonómetros —también conocidos como decibelímetros— para medir los niveles de ruido y avanzar con eventuales controles.
Pérez explicó que los escapes deportivos o adulterados pueden generar niveles superiores a los 100 decibeles, cuando los especialistas advierten que a partir de los 55 decibeles el ruido ya puede resultar perjudicial para la salud. En ese sentido, sostuvo que la contaminación sonora “no es un fenómeno ocasional, como sucede con los fuegos artificiales, sino una situación cotidiana que va en aumento”.
Asimismo, consideró que el problema no radica únicamente en los conductores, sino también en la falta de aplicación efectiva de normativas existentes, como leyes nacionales de tránsito, disposiciones provinciales y ordenanzas municipales que establecen límites de ruidos y sanciones. “A veces los organismos de control no cuentan con los elementos adecuados o no se prioriza esta problemática, que es tan importante como otras formas de contaminación”, señaló.
El impulsor del amparo manifestó además que la medida busca generar conciencia social y promover el diálogo para lograr ciudades más tranquilas y saludables. “Tenemos derecho a disfrutar de la música o de nuestras actividades, pero ese derecho no puede estar por encima del de los demás a vivir en paz”, afirmó.
Por otra parte, advirtió que el crecimiento del parque de motos y la instalación de escapes modificados sin control podrían derivar en situaciones más complejas a futuro si no se adoptan políticas públicas concretas. En ese marco, remarcó la necesidad de realizar auditorías y controles en territorio, con participación de distintos organismos.
Finalmente, Pérez destacó la rápida respuesta inicial de la Justicia y expresó su expectativa de que la iniciativa tenga repercusión en otros departamentos del sur mendocino, como General Alvear y Malargüe, donde —según señaló— también se registran reclamos vecinales por ruidos molestos.
El objetivo del recurso es que las autoridades competentes adopten medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y preservar la salud y el bienestar de la comunidad.
