Como es de público conocimiento, en Mendoza existen leyes ambientales vigentes que regulan la evaluación y aprobación de proyectos que puedan afectar el medio ambiente. Entre ellas, se destacan la Ley 5961, que es la Ley General del Ambiente de la provincia, y la Ley 7722, conocida ampliamente por su función en la protección del agua.

La Ley 5961, en su artículo 29, establece que para la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es requisito obligatorio la realización de audiencias públicas.

Estas audiencias tienen como fin que la ciudadanía pueda participar, opinar y ser parte del análisis sobre la viabilidad de los proyectos en cuestión.

En este contexto hablaron Alberto Kobayashi y Walter Álvarez : ‘se ha convocado una audiencia pública para el proyecto minero San Jorge, que se pretende desarrollar en la localidad de Uspallata, esta audiencia oficial se llevará a cabo el próximo sábado 2 de agosto’.

‘La audiencia fue convocada en un lugar de difícil acceso, a 44 kilómetros de Uspallata, en una zona de alta montaña ubicada a más de 2.000 metros de altura, diversas organizaciones sociales y ambientales, consideran que este lugar es inaccesible es una maniobra para desalentar la participación popular’.

Cabe recordar que este mismo proyecto ya fue rechazado en el año 2010, cuando se realizó una audiencia pública en Uspallata con la participación de más de 2.000 personas. Aquella instancia, con amplia participación ciudadana, concluyó con un claro rechazo al emprendimiento minero.

Además, la Ley 7722, en su artículo 3°, establece que cualquier proyecto de esta naturaleza requiere la aprobación de la Legislatura provincial. Es por ello que referentes de distintas localidades consideran que la eventual aprobación del proyecto San Jorge podría sentar un peligroso precedente para habilitar otros emprendimientos similares, particularmente en el sur de Mendoza.

En la naciente del río Atuel, por ejemplo, existen varios proyectos mineros en evaluación, como Cerro Amarillo y otros seis proyectos en la zona del Valle de Las Leñas. Esto representa un riesgo adicional para los recursos hídricos en una región ya afectada por la crisis climática, la escasez de nieve y la disminución del caudal de los ríos.

Como respuesta a esta situación, la Asamblea de Uspallata ha decidido organizar una audiencia pública paralela, también el sábado 2 de agosto, pero en la parroquia de la villa de Uspallata, para garantizar una participación más amplia y accesible.

Por su parte, en nuestro departamento se realizará una movilización como forma de apoyo al pueblo de Uspallata. La convocatoria es para el mismo sábado a las 11 de la mañana, en el Monumento, donde se repartirán folletos informativos con el objetivo de concientizar a la población sobre el impacto de la megaminería y la falta de licencia social de estos proyectos.

“Con este antecedente, quedaría vía libre para otros proyectos. Es responsabilidad de todos tomar conciencia. El cambio climático, la escasez de nieve y de agua son hechos evidentes. Si además esa poca agua llega contaminada, estaríamos en una situación aún más grave”, afirmaron voceros de las asambleas.