Empiezan a acumularse las causas en la Justicia Federal para frenar los aumentos del gas natural en Mendoza. Al expediente que desde 2014 viene engrosándose a raíz de una medida cautelar que suspendió subas de hasta el 200%, ahora se suman nuevas actuaciones en busca de neutralizar las actualizaciones de tarifas a raíz de la quita de subsidios que sin embargo Ecogas ya empezó a facturarle a los usuarios de la región.
Luego de admitir la solicitud, la titular del Juzgado Federal nº 2, Olga Pura de Arrabal, deberá resolver en éstos días si aprueba otro recurso de amparo con ese fin, el segundo en 2 años. Es el que integra el expediente 10266/2016, impulsado por la asociación de defensa del Consumidor Protectora, que también reclamó, sin éxito, que se declare inconstitucional la resolución Enargas I/3730.
Tanto a Ecogas como al ente regulador le caben 3 días hábiles para informar al respecto, según confirmaron desde el juzgado que se declaró competente en la causa. El término correrá, una vez notificados, desde esta semana.
“Previo al tratamiento de la medida cautelar, requiérase al Poder Ejecutivo nacional, al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Distribuidora de Gas Cuyana y Gas del Sur S.A. que produzcan el informe previsto en el artículo 4 de la ley 26.854, que dé cuenta del interés público comprometido”, resolvió Arrabal.
Para llegar a esa instancia, Protectora promovió una acción colectiva ante la magistrada “por afectación de los derechos de incidencia colectiva de los usuarios residenciales de gas de redes de la Provincia de Mendoza”. E idéntica solicitud al titular del Juzgado Federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, área servida por Camuzzi Gas del Sur.
Pero en la misma presentación también solicitó que declare inconstitucionales tanto la resolución habilitante del Enargas, como las del Ministerio de Energía de la Nación, nº 28 y 31. Aduce la supuesta violación del artículo 42 de la CN, al considerar un perjuicio “a la salud y economía familiar”, al deber de brindar información adecuada, y al principio de igualdad y equidad, en torno a la presunción de haberse aplicado un trato discriminatorio y arbitrariedad con los usuarios mendocinos (por las nuevas condiciones para acceder a una Tarifa Social o subsidiada).
Mientras tanto, ya empezaron a facturarse los nuevos valores tanto para cargo fijo como el variable ($ por m3). Para la categoría residencial promedio el valor unitario trepa de $ 0,35 a $ 2,50, o sea un 600% más, aunque en otros segmentos llega hasta los $ 4.
“No se ha satisfecho la necesidad información a través de una audiencia pública para considerar los números que sustentan el ajuste, ni la decisión de evaluar a Mendoza como provincia de gran amplitud térmica, que sin embargo se equipara a Buenos Aires y Santa Fe”, remarcó José Ramón, apoderado de Protectora.
En tal sentido, la jueza rechazó el planteo de inconstitucionalidad, “dado que no se advierten por el momento circunstancias graves y manifiestas” que lo justifiquen, “ni la afectación al derecho de una tutela judicial efectiva, ni se acredita el perjuicio que irrogaría a la actora (Protectora) recabar el informe (artículo 4 de ley 26854), toda vez que está destinado a ser rendido en un lapso breve”, señala el dictamen.
Fuente: Diario Los Andes
