Un proyecto elaborado por magistrados locales propone una reforma de la Justicia penal del Sur mendocino para unificar de una vez la provincia de Mendoza bajo el “nuevo” Código Procesal Penal (CPP), surgido de la Ley 6.730 de 1999 y que actualmente rige sólo en la zona Norte, Este y Valle de Uco.
La Justicia sureña continúa funcionando bajo el viejo CPP, donde la investigación judicial de los casos penales (homicidios, asaltos, robos comunes, abusos sexuales, agresiones con armas y otros delitos) es dirigida por los jueces de Instrucción, quienes a la vez deben velar que no se violen los derechos y garantías de los acusados o detenidos, es decir investigan y a la vez se autocontrolan. En este esquema los fiscales de Instrucción acompañan en la tarea.
Con el nuevo código, estos fiscales dirigirán exclusivamente la investigación judicial y los jueces pasarán a tener una tarea de control (velar por los derechos y garantías y revisar que los procedimientos se realicen correctamente) y mantendrán la facultad de autorizar los allanamientos.
Una provincia, dos justicias
Esta unificación es para dar solución a una situación insólita que se vive hace 16 años, ya que hasta San Carlos la Justicia de Mendoza trabaja de una forma y del Divisadero para abajo funciona de otra manera.
Es que un código procesal penal establece, por decirlo en forma muy resumida, formas de proceder y atribuciones de jueces y fiscales. Y nuestra provincia funciona con dos esquemas diferentes.
La unificación se ha demorado por la crónica falta de dinero en el Poder Judicial y el desinterés de los distintos gobiernos provinciales, por lo que este proyecto intenta no ser pretencioso y prevé el menor costo posible.
Para ello plantea un reordenamiento general de juzgados y fiscalías penales pero sin afectar lo que en el Sur funciona bien (como la rápida tramitación de las causas de los delitos más graves y su elevación a juicio en un promedio de 6 meses a 1 año), aunque aspirando a mejorar otros aspectos.
Con la reforma propuesta, San Rafael pasaría a tener cinco fiscalías de Instrucción para que investiguen los distintos delitos que afectan a la sociedad (actualmente lo hacen tres juzgados de Instrucción con dos fiscalías de Instrucción que acompañan) y cuatro juzgados de Garantías y Correccionales (la primera atribución será de control de los fiscales y la segunda se encargará de juzgar los delitos menores penados con menos de 3 años, que incluyen los accidentes viales con lesiones o muertos, que son muchos casos).
En tanto que en General Alvear quedarían dos fiscalías de Instrucción y dos juzgados de Garantías y Correccionales.
En este reordenamiento se prevé que tanto en San Rafael como en Alvear un juzgado de Instrucción se transforme en fiscalía de Instrucción, por lo que el juez que esté al frente pasará a trabajar como fiscal. La ley del nuevo CPP ya prevé este cambio de funciones.
Además, se propone otorgar competencia al Tribunal Penal de Menores de San Rafael para que trate los pedidos de revisación (apelaciones) de las decisiones de los jueces de Garantías y así evitar crear una cámara de apelaciones local.
Fuente: Uno San Rafael
