Cuatro diputados nacionales de Mendoza y San Juan formalizaron en el Congreso el proyecto de ley anticipado durante el último desayuno de la COVIAR, con el objetivo de modificar el esquema de impuestos internos aplicado a bebidas analcohólicas y productos azucarados.
La iniciativa busca establecer un sistema tributario escalonado según el contenido de azúcar de cada bebida y, al mismo tiempo, otorgar beneficios fiscales a las empresas que incorporen jugos naturales de frutas y mosto en sus procesos de elaboración.
El proyecto fue firmado por los diputados Nancy Picón Martínez y Carlos Quiroga, por San Juan, y Pamela Verasay y Lisandro Nieri, por Mendoza. La propuesta fue elaborada en conjunto con los gobiernos provinciales, la COVIAR y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM), evidenciando el fuerte interés del sector vitivinícola y agroindustrial en avanzar con la reforma.
Un nuevo esquema tributario para las bebidas
El núcleo del proyecto consiste en reemplazar el esquema actual de la Ley 24.674 de Impuestos Internos, que hoy no diferencia productos según el nivel de azúcar, por un modelo progresivo dividido en cuatro categorías.
De acuerdo con la iniciativa:
- Las aguas minerales o mineralizadas tributarían un 4%.
- Las bebidas con menos de cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarían un 6%.
- Aquellas con entre cinco y menos de diez gramos tributarían un 12%.
- Las bebidas con diez gramos o más de azúcar quedarían alcanzadas por una alícuota del 18%.
En paralelo, las bebidas energizantes con cafeína y taurina tendrían una tasa específica del 20%.
Sin embargo, el punto más relevante para las economías regionales es la creación de un beneficio fiscal para las empresas que utilicen jugos naturales de frutas como sustituto parcial del azúcar.
El proyecto establece una reducción del 60% en la alícuota impositiva para los productos que incorporen al menos un 10% de jugo natural (o su equivalente en concentrado), mientras que en el caso del limón el piso exigido se reduce al 5%.
La medida también alcanzaría a jarabes y concentrados destinados a la elaboración de bebidas analcohólicas, siempre que cumplan porcentajes mínimos de incorporación de fruta.
El mosto como eje estratégico
Aunque el texto abarca distintas cadenas frutícolas, en Mendoza y San Juan la iniciativa es observada principalmente como una herramienta para ampliar el uso del mosto concentrado de uva, uno de los productos estratégicos de la industria vitivinícola.
Desde hace años, el sector busca incrementar la participación del mosto como edulcorante natural en bebidas y alimentos, tanto para diversificar mercados como para reducir la dependencia del vino a granel.
En ese contexto, el proyecto aparece alineado con la estrategia impulsada por la COVIAR para generar nuevas salidas comerciales para la producción vitivinícola y fortalecer las exportaciones de mosto argentino.
Argumentos sanitarios y presión internacional
Los fundamentos del proyecto se apoyan fuertemente en indicadores de salud pública. Los autores citan datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, según los cuales el 61,6% de los adultos argentinos presenta exceso de peso, mientras que entre niños y adolescentes la prevalencia alcanza el 41%.
También se menciona el avance de la diabetes y el elevado consumo local de bebidas azucaradas. Según los datos incorporados en el proyecto, Argentina registra un consumo promedio de 137 litros de bebidas azucaradas por habitante al año, uno de los niveles más altos de la región.
La propuesta toma como referencia modelos aplicados en países como Chile, Perú, Reino Unido y Portugal, donde los impuestos diferenciados según contenido de azúcar fueron utilizados para incentivar reformulaciones industriales y desalentar el consumo excesivo.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud respaldan este tipo de políticas tributarias, argumentando que generan un “triple efecto”: reducción del consumo de azúcar, mejora de indicadores sanitarios y aumento de la recaudación fiscal.
Impacto económico en las economías regionales
Además del componente sanitario, los impulsores del proyecto destacan el posible impacto económico sobre las cadenas agroindustriales vinculadas a frutas como uva, limón, naranja, mandarina, pera, manzana, pomelo y durazno.
Según sostienen, el incentivo tributario podría estimular inversiones, aumentar la demanda de materia prima y generar empleo en regiones productivas del interior del país.
Para las provincias vitivinícolas, particularmente Mendoza y San Juan, la expectativa está centrada en el potencial crecimiento del mercado del mosto, un segmento que históricamente funcionó como válvula de equilibrio para la industria del vino.
