El Senado provincial dio sanción definitiva a dos leyes de gran relevancia para el desarrollo urbano, rural y social de Mendoza. La primera de ellas, impulsada por el Poder Ejecutivo, corresponde al programa Mi Escritura, orientado a resolver una deuda histórica con cerca de 40.000 familias que, a pesar de haber recibido sus viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aún no cuentan con la escritura de sus propiedades.
El Senador Walther Marcolini en comunicación con FM VIÑAS destacó: ‘esta nueva normativa establece criterios más claros y transparentes para la adjudicación de tierras del Estado, promoviendo el desarrollo productivo en zonas rurales y adaptando la legislación a las necesidades actuales’.
Además agregó que a lo largo de las últimas décadas, múltiples organizaciones —mutuales, cooperativas, uniones vecinales y sindicatos— gestionaron planes habitacionales financiados por el IPV pero en muchos casos, estos proyectos no concluyeron los procesos de mensura, loteo y tramitación dominial, lo que dejó a miles de familias sin un título de propiedad formal.
Esta nueva ley busca revertir esa situación mediante un esquema que reduce significativamente los costos de escrituración, contemplando además la posibilidad de financiar en cuotas a quienes aún mantienen deudas con el IPV.
Contar con la escritura de una propiedad no solo otorga seguridad jurídica, sino que permite acceder a créditos para ampliar o mejorar la vivienda, facilita procesos sucesorios y evita que estos conflictos se transmitan de generación en generación. Esta iniciativa fue trabajada en conjunto con el Colegio de Escribanos, el Colegio de Agrimensores y otros actores clave, para asegurar condiciones especiales y accesibles para las familias beneficiarias.
La segunda ley aprobada corresponde a una iniciativa legislativa propia, elaborada a partir de un trabajo articulado con la Universidad Nacional de Cuyo (Facultad de Derecho), el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos y la Dirección General de Bienes Registrables (DGVIRE): ‘esta norma constituye un paso fundamental para la regularización de situaciones dominiales complejas, tanto en barrios populares, barrios cerrados, condominios urbanos como en áreas rurales’.
Entre los puntos más destacados de esta segunda norma, se encuentra la derogación de la Ley 4711 de Colonización, vigente desde la dictadura (1982), que limitaba el uso de tierras rurales exclusivamente a fines agrícolas o ganaderos.
La nueva legislación amplía el objeto de uso, permitiendo la escrituración para actividades productivas, comerciales, turísticas, deportivas, entre otras, reflejando una visión moderna e inclusiva del desarrollo territorial.
Además, se crea por primera vez un Registro Público de la Tierra de Dominio Privado del Estado, que será online, de acceso público y bajo control de la DGVIRE, aportando transparencia en la asignación y uso de tierras fiscales.
Este nuevo marco normativo permitirá resolver situaciones de larga data en departamentos como Lavalle, Santa Rosa, La Paz y General Alvear, y será un instrumento clave para impulsar el arraigo, promover inversiones y dar seguridad jurídica a miles de mendocinos.
