Familias, trabajadores y representantes de instituciones dedicadas a la discapacidad se congregaron este martes por la mañana en la Plaza Departamental de General Alvear. La movilización, que se replicó en todo el país, fue una respuesta directa al veto presidencial sobre la Ley de Discapacidad y la Ley de Emergencia que impacta de lleno en los derechos y prestaciones de miles de personas.
Fue Daniel Karake, representante legal del Centro de Día Nuevo Sol, quien explicó en diálogo con FM VIÑAS que la situación actual genera una crisis tanto institucional como humana: “Este veto implica un trastorno enorme. Nos deja sin recursos para garantizar las prestaciones básicas y sin diálogo institucional desde 2023. Todo se reduce a cartas documentos, sin espacio para sentarse a discutir ni construir soluciones. Por eso hoy salimos a la calle”.
Karake fue enfático al señalar que el reclamo es por un derecho. “No pedimos privilegios. Pedimos una ley que garantice la atención, la dignidad y el futuro de las personas con discapacidad. Si el Presidente viera la realidad, no estaríamos atravesando esta encrucijada”.
A nivel local, Karake destacó que si bien el apoyo ha existido desde la asesoría y la intendencia, “tienen las manos atadas”. “En su momento logramos negociar con OSEP Provincial y se mejoraron puntos del nomenclador, pero hoy volvemos para atrás. Otra vez la angustia, otra vez la lucha”.
Imágenes compartidas por la Concejal Florencia Escartín vía Facefook.
También tomaron la palabra madres de jóvenes con discapacidad, como Alba, Silvia y Susana, quienes aportaron una dimensión profundamente humana al reclamo. “Esto duele. Nos quitaron una ley que reconoce un derecho ya firmado, respaldado incluso por convenciones internacionales. No estamos pidiendo favores, pedimos justicia social”, expresó Alba.
“Mis hijos no pueden expresarse con palabras, pero transmiten amor. El centro de día es su espacio, donde son acompañados, respetados, amados. ¿Por qué les quieren quitar eso?”, se preguntó Silvia entre lágrimas.
Susana, por su parte, remarcó el sentido de esperanza que aún mantienen: “Nuestros hijos nos enseñaron a luchar y a no bajar los brazos. Por eso seguimos creyendo que en el Congreso se puede revertir este veto. No se pueden vulnerar derechos ya consagrados”.
La jornada dejó en evidencia una comunidad movilizada y atravesada por el dolor, pero también por la firme convicción de que la discapacidad no puede quedar fuera de la agenda política. La consigna fue clara y unánime: “Es un derecho, no una opción”.
Mientras tanto, los centros de día, las familias y las personas con discapacidad continúan a la espera de una respuesta concreta que les devuelva no sólo sus derechos, sino también la tranquilidad de poder construir un presente y un futuro con dignidad.
