La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de nuestro departamento se sumo al pedido de otras cámaras empresarias y gremiales de la provincia en repudio al proyecto de expropiación del Grupo Vicentín.
«Las entidades aquí firmantes, representantes de totalidad de las actividades productivas de nuestra provincia, ante los hechos de público conocimiento relacionados con la intervención mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 522/2020 y la elaboración de un proyecto de ley para la posible expropiación de una empresa privada, manifestamos:
- Nuestro total apoyo al pleno funcionamiento de las instituciones de la democracia, la independencia de poderes, y en particular a la NO injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en los procesos y decisiones judiciales, por ser el Poder Judicial el garante final de nuestros derechos constitucionales.
- La intervención y proyecto de expropiación de Vicentín SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza local e internacional en la Argentina, cuyo dictado quebranta el orden jurídico constitucional en momentos en que los argentinos debemos estar unidos para lograr superar la crisis que estamos viviendo.
- El País cuenta con una Ley de Concursos que dispone claramente que, si no hay acuerdo con los acreedores, el Juez puede abrir la posibilidad que un interesado se haga cargo de la empresa. El Juez del concurso es, además, el que tiene la potestad de nombrar un administrador. Ambas circunstancias no fueron tenidas en cuenta por el DNU Nº 522/2020.
- El trabajo y la iniciativa privada de los argentinos son los bienes que debemos cuidar con mayor empeño en esta etapa del país tan delicada. Consideramos que esta medida del Gobierno Nacional no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro, sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución pues está constitucionalmente vedado el ejercicio de funciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo.
- A lo largo de nuestra historia, la indolencia e irresponsabilidad de algunos particulares y las intervenciones del Estado en empresas privadas, han provocado -y provocan- el destino de cuantiosos recursos que costeamos todos los argentinos, para sostener innecesariamente empresas estatales ineficientes que generan abultados déficits y afectan la competitividad de los sectores en los que participan.
- Bregamos por una democracia republicana solidaria y justa, que nos permita construir una sociedad más igualitaria y menos dolorosa. Solicitamos a toda la clase política de Mendoza, arbitrar las medidas necesarias para impedir que avancen iniciativas como éstas, que atentan contra el trabajo, el empleo y el crecimiento económico. El sector productivo se encuentra unido en la defensa de la seguridad jurídica y reglas claras que posibilitan la confianza, inversión, y el desarrollo.
Mendoza 20 de junio de 2020.-»
