El incremento, que corresponde al ajuste del costo de operación de las distribuidoras locales, se aplicará en el trimestre agosto-octubre, si el Ejecutivo avala la propuesta del EPRE.
El mes que viene, las boletas de la energía eléctrica tendrán una variación promedio del 12% con respecto a mayo. Este aumento responde a la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente de facturación que corresponde a los ingresos de las distribuidoras y que es de determinación provincial. Ayer se desarrolló la audiencia pública para presentar los datos y recibir opiniones sobre la propuesta.
Raúl Faura, gerente técnico de Regulación del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), recordó que el decreto 2348/23 estableció un procedimiento de adecuación trimestral de VAD, que se aplica en agosto, noviembre, febrero y mayo de cada año. Para realizar el cálculo, se toman como base los estudios presentados para la última revisión tarifaria (en este caso, desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 21 de julio de 2028) y se consideran índices del Indec -el IPC, que sigue la inflación general, y el IPIM, que mide la evolución de los precios mayoristas-, como también los acuerdos salariales o los índices oficiales de variación salarial y los costos de capital.
Faura detalló que, desde agosto de 2023 a este mes (según previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado, ya que todavía no se conocen los indicadores), la evolución del IPC será del 279%; la del IPIM, del 273%, la del precio de la energía, del 215%; y la del VAD, de 269%. Esto significa que lo que reciben las distribuidoras ha quedado un poco por detrás, pero acompañando la variación de otros precios de la economía.
Para el trimestre de agosto a octubre, el EPRE determinó un incremento del VAD que tendrá un impacto del 12% en promedio para todos los usuarios finales. De todos modos, el procedimiento indica que la decisión última está en manos del Ejecutivo provincial, que deberá definir si aprueba este aumento.
Se debe resaltar que este porcentaje ya incluye el ajuste adicional que surgió de una diferencia de interpretación entre el EPRE y las distribuidoras. Es que la primera adecuación del VAD con la nueva fórmula se aplicó en febrero, para lo que el ente regulador consultó los índices el 15 de enero, mientras las distribuidoras consideraron que debería haber sido el 20.
Por tratarse de un mes con una inflación muy alta (del 20,6%), esos cinco días generaron una diferencia de $4.200 millones mensuales a favor de las empresas y que deberán pagar los usuarios en agosto, septiembre y octubre. Se trata de una suba que va del 0,8% al 1,8% según la distribuidora.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López, explicó la propuesta de modificación del régimen vigente para evitar que vuelva a producirse la misma situación en un futuro, como también que el EPRE pueda tomar no sólo los índices publicados sino también el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado, que difunde el Banco Central).
