En el dilatado territorio de nuestra provincia, dieciocho cabeceras de departamentos polarizan la mayoría de la población, los desarrollos agrícolas e industriales y las diversas actividades sociales.
Simultáneamente, en el tiempo y el espacio, más de un centenar de localidades distritales de distinto tamaño, están rodeadas por tierras fiscales sin uso, en las que podrán habilitarse nuevos emprendimientos, al amparo legal de la nueva ley gestionada por iniciativa del senador sureño Walther Marcolini.
Uno de los ejes de la ley es la posibilidad de extender la frontera productiva mendocina, especialmente en zonas hoy subutilizadas, espacios que se pueden observar en los departamentos del Gran Mendoza, en áreas del Valle de Uco, la Zona Este y el sur provincial.
También la legislación puesta en marcha procura fortalecer núcleos de población rural, atraer inversiones privadas en infraestructura y mejorar las condiciones de vida en el interior provincial. En ese sentido, se prevén incentivos específicos para explotaciones familiares y proyectos profesionales, con facilidades de pago y requisitos adaptados.
Se especula que, con la puesta en marcha de esta iniciativa, se frenará un poco el éxodo de personas del medio rural a las ciudades o a la periferia de las grandes urbes.
Ya se sabe: desde hace años el campo mendocino sufre el éxodo continuo de los jóvenes a la ciudad, con la consecuente pérdida de la matriz productiva de la provincia.
Sería recomendable que ciertas adjudicaciones de tierras se hiciesen a entidades cooperativas, en beneficio de la dinámica de apuntalar el proceso del crecimiento rural al que apunta la nueva ley.
En una nota publicada por Los Andes, basada en datos oficiales, se indicaba que “hay numerosas razones que explican el escaso atractivo que ejerce el agro entre los más jóvenes. Hay motivos de escasa previsibilidad con sus vaivenes de alta y baja productividad ante los rigores climáticos y la frontera biológica que fijan las plagas de turno. También está el pulso comercial, con años de caída de precios y la incertidumbre de no saber lo que pasará con el destino de lo producido”.
La ley habilita la adjudicación de tierras fiscales para diversos usos, tanto productivos como sociales.
Para el sostenido crecimiento de estos núcleos poblacionales, seria primordial:
- Dotar de servicios de energía eléctrica y acceso al agua potable a los hogares;
- Mejorar las vías de acceso para facilitar el transporte de personas y bienes y disponer de riego agrícola para extender cultivos y cría de ganado.
También sería pertinente la adjudicación de lotes amplios, agrupados en manzanas aledañas; y mejorar y ampliar el equipamiento social de fácil acceso a los vecinos; y disponer de conectividad con internet.
