Previo a que el Senado Provincial inicie el debate de los cuatro proyectos vinculados a la minería aprobados recientemente por la Cámara de Diputados, el Senador Provincial Walther Marcolini ofreció una perspectiva sobre el tratamiento de estas iniciativas, destacando la complejidad del tema y la necesidad de una buena información para disipar temores en la ciudadanía.
La jornada de debate comienza a las 10:00 horas con la reunión de comisiones conjuntas, incluyendo Ambiente, Minería, Recursos Hídricos y Legislación y Asuntos Constitucionales (presidida por Marcolini).
El Senador Marcolini señaló que dos de las iniciativas son de ordenamiento y regulación y no afectan directamente el desarrollo de la actividad ni generan la preocupación central de la ciudadanía:
Creación del Fondo de Compensación Ambiental: Un fondo cuya creación estaba pendiente hace años y que excede el ámbito minero. Su objetivo es la restitución, restauración y mitigación de obras y accidentes ambientales o climáticos de cualquier índole (como grandes incendios o catástrofes naturales). En la previa, Marcolini confirmó su voto afirmativo, argumentando que es una ley que Mendoza necesita.
Regalías mineras y destino de fondos:La recaudación por regalías será repartida entre la provincia y los municipios donde se desarrollen los proyectos mineros. En particular, el 88% de los recursos ingresarán a las Rentas Generales de Mendoza, de los cuales un 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental, para financiar obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva en las comunidades afectadas.
Por su parte, los municipios donde se realicen las explotaciones mineras recibirán el 12% del total recaudado en concepto de regalías. Además, una parte de la recaudación provincial se reservará para el Fondo de Desarrollo Socioambiental, buscando potenciar proyectos de impacto social y ambiental.
Proyectos mineros bajo la lupa: San Jorge y Malargüe
Los otros dos proyectos son los que generan mayor debate y dudas en la población, especialmente en lo relativo al cumplimiento de la Ley 7722.
1. Distrito Minero Occidental Malargüe
Este proyecto incluye 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de exploración que están dentro del marco de la Ley 7722. Marcolini destacó que el Gobierno Provincial hizo un esfuerzo para reducir el número de proyectos que no cumplían con las exigencias del Decreto 820 y la legislación ambiental.
2. Proyecto San Jorge (Cobre Mendocino)
Este es el punto «más urticante», situado en Uspallata. Es un proyecto de explotación de inversión relativamente pequeña (590 millones de dólares) y ha generado la mayor movilización social.
El Senador reconoció que existen críticas de grupos ambientales sobre el presunto incumplimiento de requerimientos del CONICET, la UNCuyo y el Departamento General de Irrigación. Marcolini, sin embargo, señaló que la DIA se demoró en ingresar a la Legislatura (llegando recién este año) precisamente porque se le solicitó a la empresa realizar todas las correcciones a las objeciones que había planteado la Universidad Nacional de Cuyo en abril de este año.
Asimismo menunció la aparición de un informe apócrifo del CONICET 12 horas antes de la sesión de Diputados, una «operación» que generó dudas y más «ruido» en la población. Aclaró que, si bien el proyecto está en Uspallata, se encuentra en la cuenca del Río Mendoza. No obstante, Irrigación habría confirmado que los informes de control de la fuente hídrica interna son actuales y no del 2011, como acusan algunos sectores.
Consultado sobre su postura final, el Senador Marcolini confirmó su voto:
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Voto Afirmativo: Ley del Fondo de Compensación Ambiental y Ley de Regalías.
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Voto en Estudio: Las declaraciones de impacto ambiental de San Jorge y el Distrito Minero Occidental Malargüe.
El Senador fue enfático al declarar que su decisión final estará supeditada a la certeza de que «se han cumplimentado absolutamente todos los requisitos de la legislación vigente» y que «no se viole en ningún lugar la Ley 7722«, en toda su extensión, tal como lo exige el Decreto 820 y la ley ambiental provincial.
